El proyecto del Gobierno tensiona el Congreso y redefine alianzas políticas
El presidente Javier Milei decidió avanzar sin medias tintas con una reforma laboral profunda, que ya se convirtió en uno de los ejes más conflictivos de su agenda política. La iniciativa, enviada al Congreso junto al Presupuesto 2026, activó una fuerte tensión entre el Ejecutivo, los gobernadores, los sindicatos y la oposición, y puso a prueba la capacidad del oficialismo para construir consensos.
Lejos de moderar el contenido, el Gobierno optó por endurecer la estrategia, confiando en que la necesidad de acuerdos fiscales y presupuestarios incline la balanza a su favor en el Senado y la Cámara de Diputados.
Los cambios que impulsa el Gobierno
La reforma laboral propone una reconfiguración del sistema de relaciones laborales en Argentina. Entre los puntos centrales se destacan:
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Habilitación para pagar salarios en moneda extranjera o mediante billeteras virtuales.
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Implementación del banco de horas, que permite compensar horas extra con descanso.
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Reducción del costo de las indemnizaciones, al excluir determinados conceptos.
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Limitaciones a la ultraactividad de los convenios colectivos.
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Ampliación del listado de servicios esenciales, lo que impacta en el derecho de huelga.
Desde el Gobierno sostienen que estas medidas buscan modernizar el mercado laboral, reducir la litigiosidad y fomentar la creación de empleo formal.
Gobernadores bajo presión
Uno de los focos más sensibles del debate está en el rol de los gobernadores. Si bien varios mandatarios provinciales se mostraron dispuestos a discutir cambios en la legislación laboral, el avance acelerado del proyecto generó malestar, especialmente por la falta de diálogo previo sobre los artículos más controvertidos.
La decisión del Ejecutivo de superponer el debate de la reforma con la negociación del Presupuesto fue interpretada como una jugada política para condicionar apoyos, lo que incrementó la tensión en el Senado.
Rechazo sindical y reacción opositora
Los sindicatos, con la CGT a la cabeza, endurecieron su postura y calificaron la reforma como un retroceso en derechos laborales. La confirmación de que algunos cambios tendrían alcance retroactivo profundizó el conflicto y derivó en convocatorias a movilizaciones y protestas.
En paralelo, el peronismo y otros bloques opositores buscan articular una estrategia común para frenar o modificar sustancialmente el proyecto, conscientes de que la reforma puede tener alto impacto social y electoral.
La Justicia también entra en escena
El debate no quedó limitado al plano político. Sectores de la Justicia laboral manifestaron preocupación por artículos que afectarían el funcionamiento del fuero especializado y la independencia judicial. Jueces y asociaciones profesionales advirtieron que algunas modificaciones podrían derivar en una mayor conflictividad legal.
Escenarios abiertos
La reforma laboral se encamina a convertirse en una de las discusiones más duras del año legislativo. El Gobierno apuesta a su aprobación como señal de coherencia ideológica y disciplina fiscal, mientras que gobernadores, sindicatos y oposición evalúan costos políticos y sociales.
El desenlace dependerá de negociaciones de último momento, del clima social y del rol que jueguen las provincias en el Congreso.
Más allá del contenido técnico, la reforma laboral funciona como un test político clave para el gobierno de Javier Milei. Su aprobación o rechazo marcará el rumbo de la relación con los gobernadores, la capacidad de contención del conflicto social y el futuro de la agenda de reformas estructurales.
