El Ejecutivo nacional convocó al Congreso de la Nación Argentina a sesiones extraordinarias entre el 10 y el 30 de diciembre, con posibilidad de prórroga a fines de enero o febrero.
El objetivo: tratar el presupuesto 2026 y avanzar con una batería de reformas estructurales — laboral, tributaria, penal, fiscal — además de otros proyectos sensibles.
Ese llamado marca el inicio de un período político que podría redefinir reglas fundamentales de la economía y del trabajo en el país, y pone al Congreso y a distintos actores sociales en el centro de una pulseada.
Entre los puntos clave del temario figuran:
Presupuesto 2026 — esencial para la planificación fiscal y distribución de recursos.
Reforma laboral (o “modernización laboral”) — con cambios en indemnizaciones, modalidades de contratación, jornada, convenios, etc.
Reforma tributaria e iniciativa de “inocencia fiscal” — orientadas a cambiar impuestos y régimen fiscal.
Cambios al régimen penal y regulaciones ambientales/mineras — a pedido de algunas provincias.
La combinación de esos proyectos podría alterar de fondo el funcionamiento del Estado, el mercado laboral y el marco impositivo en Argentina.
La ambiciosa agenda, con tantos temas sensibles — presupuesto, trabajo, impuestos, penal, ambiente — exige consensos poco probables en un Congreso fragmentado. Eso suele generar demoras, negociaciones intensas, resistencias y movilización social.
La reforma laboral, en particular, ya genera rechazo en sindicatos y sectores vulnerables, que advierten pérdida de derechos laborales.
La pronta aprobación del presupuesto puede generar tensiones entre provincias, ya que muchas exigen compensaciones o fondos atrasados a cambio de su apoyo.
Si los cambios se aprobaran apresuradamente, sin debate profundo, podría abrirse una crisis institucional o social: cuestionamientos a legitimidad, protestas sociales, y reacciones de sectores afectados.
Para las provincias —incluida Córdoba— este llamado tiene impacto concreto:
El Presupuesto 2026 definirá transferencias, recursos federales y obras públicas. Provincias podrían verse beneficiadas —o postergadas— según cómo queden distribuidos los fondos.
Las reformas laborales y tributarias pueden impactar la estructura productiva local, empleos y costos de empresas, especialmente pymes.
Los cambios en régimen penal / ambiental podrían abrir debates en distritos con actividades agrícolas, mineras o industriales, generando preocupación entre gobiernos provinciales e interesados locales.
Así, lo que suceda en diciembre definirá en buena medida el rumbo del país en 2026 —y la repercusión será directa en las economías regionales.
El Gobierno busca aprovechar la nueva conformación parlamentaria — tras recientes elecciones — para avanzar con su agenda antes del receso de fin de año.
La urgencia del Presupuesto 2026 y la presión de acreedores, mercados y organismos internacionales imponen un plazo límite.
Las reformas estructurales forman parte de un plan más amplio de “reestructuración del Estado y la economía”, según voceros oficiales.