Antes de que venzan las facultades delegadas, Javier Milei impulsa una reforma por decreto que redefine las funciones de Gendarmería, Prefectura y la PSA para evitar superposiciones y conflictos operativos.
El Gobierno nacional se prepara para lanzar un decreto que reformará profundamente el funcionamiento de tres de las principales fuerzas federales: la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). El objetivo es evitar superposiciones en operativos conjuntos y redefinir las misiones específicas de cada cuerpo, siguiendo el modelo estadounidense.
La medida, que será publicada en el Boletín Oficial en los próximos días, se basa en modificaciones puntuales a las leyes orgánicas de cada fuerza (21.521, 19.349 y 18.398). Fuentes oficiales confirmaron que buscan delimitar con precisión las zonas y funciones de cada institución para optimizar recursos, evitar fricciones y mejorar la respuesta en situaciones de seguridad complejas, como las manifestaciones en la Plaza del Congreso.
Desde el Ministerio de Seguridad, conducido por Patricia Bullrich, explicaron que la reforma se alinea con la transformación en curso de la Policía Federal Argentina (PFA), que ya fue reconvertida en un cuerpo de investigación, similar al FBI. En esa línea, se creó el Departamento Federal de Investigaciones (DFI), al que se le otorgaron nuevas atribuciones como la detención sin orden judicial por hasta diez horas en casos de sospecha fundada de delito.
Uno de los cambios más relevantes será el rediseño del rol de la PSA, que pasará a convertirse en una “policía de transporte”, enfocada exclusivamente en la seguridad de trenes, colectivos y aviones. Esto permitirá que la PFA deje de destinar efectivos a los aeropuertos, y que la PSA amplíe su personal e independencia operativa manteniendo sus capacidades investigativas.
También habrá cambios en Prefectura, que continuará a cargo de la seguridad en aguas navegables, costas y puertos bajo jurisdicción nacional, pero con un refuerzo en su autonomía para operar sin solaparse con otras fuerzas. En cuanto a la Gendarmería, el nuevo decreto ratifica su responsabilidad sobre las fronteras, el control de contrabando, migraciones irregulares y otras infracciones, además de intervenir en disturbios graves que excedan la capacidad de las policías locales.
El rediseño responde a un modelo de segmentación de tareas inspirado en los Estados Unidos, donde cuerpos como la Guardia Costera (USCG), la Guardia Nacional (NGUS) y la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) tienen funciones específicas y no se superponen entre sí. “La intención de la reforma es que cada fuerza esté enfocada en una función y no se disperse ni se choque con otra”, remarcaron desde la Casa Rosada.
A la par de esta reorganización operativa, el Ministerio también trabaja en una reforma del sistema de reclutamiento y en un reordenamiento de la cantidad de agentes en cada institución.
La urgencia para publicar el decreto se explica por un factor clave: las facultades delegadas al Ejecutivo vencen el 8 de julio. Estas herramientas legales permiten al Gobierno realizar este tipo de transformaciones sin pasar por el Congreso. En el oficialismo admiten que no intentarán renovarlas ni por ley ni mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU).
