El Foro Argentino por la Democracia en la Región (Fader), representado por el abogado Tomás Farini Duggan, que actúa en nombre de las víctimas de violaciones a los derechos humanos en Venezuela, ha solicitado a la justicia argentina que investigue al presidente venezolano Nicolás Maduro por presuntos delitos de lesa humanidad.
Farini Duggan es parte querellante en la causa que presentó ante el juez federal Sebastián Ramos, a quien ha pedido que convoque a Maduro para prestar declaración indagatoria. A pesar de que el juez de Comodoro Py había archivado previamente la causa, alegando que estos delitos estaban siendo investigados por la Corte Penal Internacional, la Cámara Federal revocó esa decisión y ordenó que se continúe con la investigación.
Con los cuestionados resultados de la reciente elección presidencial en Venezuela y la proclamación de Maduro como presidente hasta 2031, Farini Duggan ha solicitado que se convoque a Maduro para indagatoria, afirmando que las pruebas reunidas en el expediente son suficientes para demostrar los cargos en su contra.
La solicitud también exige que se efectúe la citación “bajo apercibimiento de disponer su captura internacional en caso de no presentarse sin justificación”. El abogado argumenta que la jurisdicción universal es aplicable para crímenes de trascendencia internacional y que la Cámara Federal ha instado a que estos delitos sean investigados en Argentina, a pesar de que fueron cometidos en el extranjero, por extranjeros y contra extranjeros.
Además, Farini Duggan destaca que existen tratados internacionales y la propia Constitución Nacional que respaldan el juzgamiento de estos crímenes.
Los delitos mencionados por el abogado han sido descritos por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela de las Naciones Unidas (ONU), que ha identificado a Maduro y a los altos, medios y bajos mandos de su gobierno como acusados.
Los informes documentan violaciones graves de derechos humanos en Venezuela, incluyendo crímenes de lesa humanidad perpetrados por grupos de seguridad. Se detalla que las ejecuciones extrajudiciales tuvieron como principales víctimas a jóvenes hombres, quienes fueron asesinados tras estar bajo custodia de las fuerzas de seguridad, según lo expone el abogado en su presentación.
“Se documentaron casos de abuso sexual y torturas cometidas por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), cuerpo que en múltiples oportunidades se negó a liberar a los detenidos a pesar de tener órdenes para hacerlo, así como casos de tortura que incluyeron amenazas de violación, acoso, asfixia y electrochoques. Hay evidencia de que estos actos fueron realizados bajo la supervisión de sus oficiales al mando, quienes también tienen responsabilidad”, dice el escrito, que contabiliza más de 400 ejecuciones extrajudiciales.
Una víctima, identificada como V.N., quien posteriormente fue reconocido como refugiado, fue arrestado de manera arbitraria y extrajudicial en el centro de detención El Helicoide, vinculado a los servicios de inteligencia, y sometido a torturas.
Las detenciones y torturas fueron ejecutadas por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en el contexto de una persecución política. La acusación se basa en un informe del propio SEBIN, que señala a los opositores antichavistas como miembros de la Resistencia Altamira, y que estos, presuntamente respaldados por Estados Unidos, llevarían a cabo acciones violentas contra el régimen de Maduro.
La inteligencia chavista sostiene que V.N. y otra persona cuyas iniciales son A.R. lideran este grupo de resistencia, describiéndolos como “precursores de una organización terrorista que utiliza como fachada el nombre de Fundación Corazón Valiente”.
El informe de inteligencia recomienda mantener “el control” y “seguimiento” sobre los integrantes de la organización “Corazón Valiente”, así como sobre las actividades de María Corina Machado y la fundación Embajadores Comunitarios.
V.N. fue detenido bajo la acusación de tener la “intención de realizar actos violentos, actividades que atenten en contra las sedes de las instituciones públicas y así lograr desestabilizar el orden de las calles de la ciudad de Caracas”.
El informe de inteligencia venezolano documenta la aprehensión de V.N. y el secuestro de bienes y dinero en un “acta de allanamiento sin orden” emitida por el SEBIN.
Existen informes que indican que los detenidos eran sometidos a “fuertes golpes con bates y objetos punzantes”, “descargas eléctricas en partes sensibles del cuerpo”, “asfixia con sustancias tóxicas y agua”, y “cortes y mutilaciones”, incluyendo en la planta de los pies y debajo de las uñas.
Además, se reportan casos de abusos sexuales con objetos, desnudez forzada, golpes en los genitales y descargas eléctricas. Las condiciones de alojamiento incluían la “privación de alimentos y agua”, la obligación de comer en el suelo en medio de heces, falta de aseo personal y violencia psicológica.
