En una jugada que marca una pulseada política con el Gobierno nacional, el gobernador Martín Llaryora anunció este domingo un incremento del 84,21 % en las jubilaciones mínimas provinciales, que serán abonadas con partidas giradas por la ANSES.
¿Por qué este anuncio desafía a Milei?
Desde el inicio del mandato de Javier Milei, el flujo de fondos nacionales hacia la Caja de Jubilaciones de Córdoba se vio interrumpido, generando un impacto financiero crítico en la provincia. Tras una serie de audiencias ante la Corte Suprema, se acordó una transferencia mensual de 5.000 millones de pesos, sumando 60.000 millones en el año, de los cuales ya se giraron 10.000 millones correspondientes a mayo y junio
El cronograma pactado, aunque inferior al monto necesario para cubrir el déficit (estimado en 20.000 millones por mes), representa un avance clave para Córdoba: “una victoria política”, según Llaryora, que destaca que los recursos permitirán aliviar el déficit y priorizar a los jubilados más vulnerables.
Qué significa el aumento del 84 % para los jubilados
Con este incremento, el haber mínimo provincial se eleva significativamente, mejorando el poder adquisitivo de quienes cobran menos. Llaryora subrayó que el ajuste está pensado para “dar una respuesta concreta” a los jubilados que más lo necesitan, posicionándose como una medida de justicia social frente a las restricciones presupuestarias del gobierno central.
Así fue la negociación y el rol de la Corte
Tras dos audiencias convocadas por la Corte Suprema, una en abril y otra en mayo, la delegación de Córdoba —liderada por Llaryora y el ministro Luis Schiavi— logró el compromiso formal del Gobierno nacional de reanudar los pagos. Si bien aún resta definir el monto total definitivo de la deuda, las partes acordaron auditar el período 2019‑2024 y convocar a una nueva audiencia en noviembre para evaluar el avance del acuerdo.
El contexto acompañó la victoria política para Llaryora: en medio de recortes, el veto presidencial a la ley de movilidad previsional dejó sin opción al Ejecutivo nacional de desfinanciar todo aporte específico; la resolución de la Corte fue clave para sentar precedentes y garantizar el pago
