La Provincia y las entidades del sector acordaron los lineamientos para un nuevo esquema de mantenimiento vial en el interior cordobés.
El gobernador Martín Llaryora presentó este martes en el Centro Cívico del Bicentenario un proyecto de ley que busca establecer un sistema integral y moderno de gestión de caminos rurales no pavimentados en todo el territorio cordobés.
Ante autoridades de la Mesa de Enlace, productores agropecuarios, integrantes de los consorcios camineros de la provincia, Llaryora además anunció un refuerzo presupuestario de 9.500 millones de pesos para enarenado de caminos rurales y otros 3.000 millones de pesos para la adquisición de motoniveladoras.
El gobernador felicitó a todos los responsables por la elaboración de este proyecto, fruto del consenso y el trabajo conjunto: “Si podemos llegar a este acuerdo, es porque en Córdoba no gana el insulto. En Córdoba construimos en conjunto. Esta ley, no es la ley de un Gobierno, es la ley de los productores y los consorcios camineros. Y solicito que esta ley se trate a la altura de las circunstancias”.
“En un momento donde el Estado se retira de la infraestructura, en Córdoba cumplimos con cada uno de los compromisos asumidos”, agregó el mandatario.
Llaryora destacó que “cuando uno viaja por Argentina una de las cosas que más reivindican de los cordobeses son el estado de sus caminos, otra de las cosas, son sus consorcios camineros, canaleros, de conservación de suelos, de las buenas prácticas; y eso no lo produce un Gobierno, lo producimos en conjunto. En Argentina vienen a Córdoba a querer imitar este modelo”.
El proyecto para optimizar el mantenimiento de caminos rurales fue elaborado por la Provincia junto a las entidades del sector. La iniciativa propone la articulación público-privada para conservar, proteger y mejorar estas vías de comunicación, con el objetivo de favorecer el desarrollo agropecuario, industrial y turístico del interior provincial.
El texto, que será enviado a la Legislatura para su tratamiento, contempla que el Ministerio de Bioagroindustria será la autoridad de aplicación de la futura ley. Plantea, además, que la Asociación de Consorcios Camineros, los Consorcios Regionales, los Consorcios Camineros, los Consorcios de Gestión de Caminos y Suelos, y el Consorcio Caminero Único integrarán el sistema de gestión.
El proyecto prevé el financiamiento del nuevo esquema a través del Fondo de Desarrollo Agropecuario (FDA), que recibe el 98% de lo recaudado por el impuesto inmobiliario rural. También comprenderá ingresos por obras realizadas, aportes de socios, subsidios, donaciones, recursos extraordinarios y las multas por daños en los caminos, que se destinarán al FDA.
El gobernador instó nuevamente a no dejar de lado el desarrollo de la infraestructura y aseguró que “Argentina va a salir con el campo, nunca sin el campo. Pero el campo solo no aguanta. Necesita infraestructura, para producir y dar valor necesitas gas, electricidad, educación, caminos”.
En la oportunidad, Llaryora reclamó nuevamente por la eliminación definitiva de las retenciones al sector agropecuario y pidió que esos fondos queden en manos de los productores para dinamizar la economía de pueblos y ciudades de la provincia.