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miércoles 25 marzo 2026

Reforma judicial en marcha: el Gobierno impulsa un nuevo Código Penal y endurecimiento de penas

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El Gobierno nacional avanza en una reforma integral del sistema penal tras una reunión entre el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y el presidente Javier Milei. En ese encuentro se definió iniciar la redacción de un nuevo Código Penal, junto con una serie de medidas inmediatas orientadas a endurecer penas y actualizar la legislación vigente frente a nuevas modalidades delictivas.

Según informó el ministro, el objetivo es contar con un Código Penal “a la altura de los desafíos actuales”. Mientras se desarrolla ese proceso, el Ejecutivo trabajará junto al Congreso en modificaciones parciales que incluyen el endurecimiento de penas, la armonización del sistema penal y la incorporación de nuevos delitos.

Entre las figuras que se buscan tipificar o reforzar aparecen delitos migratorios, estafas piramidales, robos bajo modalidad “viuda negra”, salideras y entraderas, motochorros, daño animal, uso de armas dentro de cárceles y picadas ilegales. Además, se plantea un mayor enfoque en el rol de las víctimas dentro del proceso penal.

El paquete también contempla el agravamiento de penas para casos de incumplimiento de deberes alimentarios, la actividad de “trapitos”, grooming y abuso sexual infantil.

En paralelo, el Ministerio de Justicia confirmó que Mahiques mantuvo su primer encuentro institucional con los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Durante la reunión, uno de los ejes centrales fue la cobertura de vacantes judiciales. El Gobierno prevé enviar al Senado los pliegos necesarios para cubrir más de 300 cargos de jueces, fiscales y defensores en todo el país, una medida que apunta a mejorar el funcionamiento del sistema judicial.

También se abordó la necesidad de fortalecer los mecanismos de integración transitoria de los tribunales, especialmente a través del sistema de conjueces, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio de justicia ante situaciones de vacancia o impedimentos de los magistrados titulares.

Desde el Ejecutivo señalaron que existe una voluntad de trabajo coordinado con la Corte Suprema, cada poder dentro de sus competencias, para fortalecer la independencia judicial, garantizar la seguridad jurídica y asegurar el respeto al Estado de derecho.

Las medidas forman parte de una estrategia más amplia del Gobierno para endurecer la política criminal y responder a una demanda social creciente en materia de seguridad, en un contexto donde la reforma judicial vuelve a ocupar un lugar central en la agenda pública.

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