La diputada Kelly Olmos elaboró una iniciativa alternativa que contempla una reducción de la jornada laboral, la informalidad y el pago de indemnizaciones.
El bloque de Unión por la Patria (UxP) presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de reforma laboral alternativo al del Poder Ejecutivo, elaborado por la exministra Kelly Olmos.
La iniciativa propone reducir la jornada laboral de manera progresiva, pasando de las 48 horas actuales a un tope de 40 horas semanales en un plazo de seis años.
El texto garantiza la integridad salarial, estableciendo que “la reducción de la jornada laboral no implicará, en ningún caso, una reducción en la remuneración de los trabajadores”, ajustando proporcionalmente el valor de la hora para mantener el mismo salario neto y bruto.
En materia de seguridad social y nuevas tecnologías, el proyecto regula el trabajo en plataformas digitales mediante un sistema dual. Si la plataforma controla precios y el trabajador cumple una carga de al menos 20 horas semanales, se considerará empleo dependiente; de lo contrario, será autónomo.
Asimismo, se propone elevar la licencia para el progenitor no gestante a 30 días y prohibir el trabajo del personal gestante hasta los 90 días posteriores al parto. Kelly Olmos señaló a TN que su propuesta “mira hacia el Siglo XXI y no al Siglo XIX”, criticando la intención del Gobierno de precarizar a los trabajadores.
Respecto a los juicios laborales, la iniciativa prohíbe el pago de indemnizaciones en cuotas y exige que el trabajador perciba la totalidad de su crédito en un solo acto mediante depósito bancario. Para facilitar esto, se contempla una línea de financiamiento del Banco Nación destinada a Pymes y Micro Pymes en 12 y 18 cuotas respectivamente.
La diputada fundamentó que permitir el pago fraccionado “vulnera el principio de integridad del pago y desnaturaliza la función reparadora de la indemnización laboral”, trasladando el riesgo de insolvencia al empleado despedido.
Finalmente, la propuesta busca dotar de dinamismo a la negociación colectiva, permitiendo que ciertos acuerdos derivados de convenios ya homologados entren en vigencia automáticamente tras su publicación en el Boletín Oficial.
También aborda la informalidad mediante una reducción progresiva de las contribuciones patronales para micro y pequeñas empresas. El proyecto, que ya está en manos de los senadores liderados por José Mayans, cuenta con el respaldo de sectores gremiales y del legislador Hugo Yasky, líder de la CTA.
