La fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, presentó este lunes una imputación formal contra el expresidente de Bolivia Evo Morales y la madre de la presunta víctima, Idelsa Pozo Saavedra, por el delito de trata agravada de personas. Gutiérrez solicitó además una orden de detención y la emisión de una alerta migratoria para evitar la salida del país del exmandatario, quien no se presentó a declarar desde que fue notificado.
El proceso inició en septiembre, cuando se denunció que Morales habría cometido los delitos de trata de personas y estupro con una menor de edad, con quien habría tenido un hijo. La fiscal detalló que los padres de la víctima se habrían “lucrado” al entregarla al expresidente a cambio de “favores”. Además, la joven pertenecía a ‘Generación Evo’, un grupo juvenil creado durante su gobierno.
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Gutiérrez explicó que la orden de detención anterior, emitida en octubre, no pudo ejecutarse debido a las protestas y bloqueos en el bastión político de Morales, el Chapare, donde sus seguidores impidieron el ingreso de la Policía. “La ejecución contra Evo Morales enfrenta riesgos técnicos y operativos significativos”, sostuvo, agregando que algunos agentes fueron golpeados durante los bloqueos de carreteras.
Morales, quien se encuentra en el Chapare protegido por al menos ‘500 personas’, evitó ser detenido desde entonces. La fiscal aclaró: “Acá no hay nada político, estamos resguardando los derechos de una persona que ha sido ultrajada, con el visto bueno de sus padres”. Por este motivo, Gutiérrez espera que un juez fije la fecha de audiencia de medidas cautelares para avanzar con el proceso judicial.
Paralelamente, en Argentina, se abrió una causa contra Morales por delitos similares durante su estadía en el país en 2019, cuando recibió refugio político del entonces presidente Alberto Fernández.
