El ex presidente Evo Morales se encuentra en aprietos judiciales y, por ello, decidió refugiarse en lo que es su feudo cocalero ubicado en Chapare, provincia de Cochabamba, y se declaró “perseguido político” del gobierno de Luis Arce, su ex aliado político, quien llegó al poder hace cuatro años con el espaldarazo del mismo Evo. En medio de la feroz interna que mantienen ambos, una causa judicial por abuso sexual a una menor de edad y posible trata se reactivó. Morales se resiste a declarar en la misma y, como consecuencia, la Fiscalía del país andino emitió una orden de detención sobre su persona.
La fiscal Sandra Gutiérrez dijo el jueves de esta semana que, ante la negativa a declarar del ex presidente de Bolivia corresponde emitir una orden de aprehensión. Morales se resistió a declarar en la causa debido a que no están dadas las garantías necesarias para ello, según lo expresado por sus abogados. Por ende, ante la orden de detención, el líder cocalero se trasladó a su zona segura, en Chapare, donde todavía preside el sindicato de trabajadores de la coca y se dedica a la cría de peces y siembra de arroz.
Los sindicatos y la facción del partido MAS (Movimiento al Socialismo, hoy fracturado entre evistas y arcistas) llamaron a realizar vigilias en defensa del ex mandatario ante su eventual detención. También amenazan con bloquear rutas y carreteras: “Si detienen al hermano Evo Morales, inmediatamente se produce el bloqueo de carreteras en contra del gobierno de Arce por la crisis económica, corrupción y por persecución política”, dice la declaración del llamado Pacto de Unidad, afín al político de 65 años.
La acusación que pesa sobre Evo Morales no es nueva, pero se activó oportunamente luego de una manifestación masiva que este lideró contra el actual presidente Luis Arce en septiembre y en un contexto de severa crisis económica que afecta al país andino marcada por la alta inflación que se registra allí. En medio del reclamo por la economía, también se mezcló el antagonismo entre Morales y Arce así como también el pedido por habilitar la candidatura de Evo en las elecciones presidenciales de 2025 después de que un fallo del Tribunal Constitucional lo dejó afuera de la carrera.
