En una reunión clave, el expresidente Mauricio Macri logró un acuerdo con los principales legisladores del PRO para respaldar el veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario. Este acuerdo, que se gestó en una cumbre virtual, busca consolidar la postura del partido en la Cámara Baja de cara a la votación que se realizará este miércoles.
Durante el encuentro, Macri estuvo acompañado por figuras de peso dentro del PRO, como Soledad Martínez, Facundo Pérez Carletti y Jorge Macri, quienes manifestaron su apoyo a la medida impulsada por el Gobierno. La decisión marca un respaldo unánime, aunque también se plantearon diferencias respecto a la forma en que se gestionan los fondos universitarios. El PRO remarcó su apoyo a la educación pública, pero criticó la “falta de transparencia” en la administración de los recursos y su desvío hacia fines políticos.
Un respaldo decisivo, pero con condiciones
A pesar del respaldo explícito al veto, el PRO mantiene una postura crítica hacia algunos aspectos de la medida. En el comunicado que se espera difundir en las próximas horas, se planteará la necesidad de reformar el sistema universitario para evitar lo que consideran un “uso político” de los recursos destinados a la educación pública. Según Mauricio Macri, es fundamental que los fondos se utilicen de manera eficiente y se evite el clientelismo político.
El respaldo del PRO es crucial para que el veto se mantenga, pero el partido también reconoce la importancia de cuidar su imagen en medio del debate sobre el financiamiento universitario. “No podemos borrar con el codo lo que escribimos con la mano”, comentó Diego Santilli, uno de los diputados que llamó a apoyar la medida por “coherencia y responsabilidad”.
Divisiones internas y posturas encontradas
Aunque la mayoría de los legisladores del PRO se alinea con la decisión de Macri, existen voces disidentes dentro del espacio. Álvaro González, legislador cercano a Horacio Rodríguez Larreta, expresó su desacuerdo con el veto y participó de la marcha universitaria junto a otros bloques opositores. La interna en el PRO sigue latente, y algunos miembros consideran que la medida podría tener un alto costo político si el Gobierno no logra los votos necesarios para sostener el veto.
El diputado Fernando Iglesias también hizo pública su postura, subrayando que, aunque el debate sobre los salarios docentes es legítimo, no debe presentarse como una amenaza a la educación pública. Iglesias llamó a no ceder ante lo que calificó como “chantajes demagógicos” y a reformar las universidades para garantizar un uso más eficiente de los recursos.
