Mauricio Saillén, uno de los sindicalistas más influyentes y poderosos de Córdoba, ha propuesto el pago de 750.000 dólares en un intento por evitar una condena en su contra.
El líder del Sindicato Único de Recolección de Residuos y Barrido de Córdoba (Surrbac) enfrenta cargos de asociación ilícita, defraudación y usura, delitos que podrían costarle su libertad.
La oferta fue presentada ante el Tribunal Oral Federal N°1 de Córdoba como una “reparación integral del daño”, en un intento por frenar el juicio que involucra a Saillén y otros seis acusados. Sin embargo, el fiscal federal Maximiliano Hairabedián rechazó la propuesta, calificando el caso como de “trascendencia pública”.
La audiencia judicial, que debía iniciar esta semana, se postergó para evaluar la propuesta de Saillén, quien busca evitar una condena que podría marcar un precedente en la lucha contra la corrupción sindical en Córdoba. La oferta busca detener el proceso judicial que se originó en 2019, cuando la Justicia Federal procesó al referente sindical provincial y a varios miembros de su sindicato por operaciones financieras irregulares y el manejo indebido de fondos de la mutual, el gremio y la obra social.
El conflicto comenzó en 2019 cuando la Justicia Federal, basándose en un informe del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), detectó que la mutual del sindicato realizaba préstamos a sus afiliados sin cumplir con la reglamentación adecuada y sin autorización para aplicar descuentos sobre los salarios de los trabajadores. Estos préstamos, que se ofrecían desde 2014, presentaban tasas de interés excesivas y eran descontados directamente de los sueldos de los afiliados bajo la etiqueta genérica de “consumos de mutual”.
Tres informes contables, elaborados en mayo, junio y julio de 2018 por interventores judiciales, revelaron que las prácticas financieras de la mutual eran perjudiciales y usurarias, afectando gravemente a los afiliados. Las cuotas mensuales se descontaban sin transparencia, y no se dejaba constancia documental de los préstamos. Esta serie de irregularidades llevó a la imputación de Saillén y su mano derecha, Pascual Catrambone, por asociación ilícita, defraudación y usura.
Ambos sindicalistas fueron detenidos en su momento, pero hoy enfrentan el juicio en libertad. La intervención judicial sobre el sindicato sigue vigente desde 2019 con el fin de “normalizar” las cuentas y evitar que se repitan las maniobras fraudulentas que beneficiaron a un grupo selecto, incluyendo a familiares de Saillén, con la adquisición de bienes que, según las investigaciones, generan “estupor” en la comunidad.
El fiscal federal Hairabedián rechazó de manera categórica la oferta de 750.000 dólares presentada por Saillén, argumentando que aceptar el monto propuesto no sería adecuado dada la gravedad del caso. “Es de interés público, afecta los fondos de los trabajadores y no se ha demostrado la procedencia de los fondos que se están ofreciendo”, señaló el fiscal. Asimismo, resaltó que Saillén y Catrambone continúan enfrentando otras causas judiciales abiertas, lo cual complicaría aún más la posibilidad de llegar a un acuerdo de reparación integral que garantice impunidad.
Hairabedián insistió en que las maniobras usurarias cometidas por la mutual perjudicaron gravemente a los afiliados y que el caso debe seguir su curso para evitar que se repitan estas prácticas abusivas. Según el fiscal, las condiciones para un acuerdo no están dadas, y se debe continuar con el juicio para proteger los intereses de los trabajadores y del público en general.
