Acuerdo multimillonario entre la CGT y el Gobierno

Días atrás circuló por los medios de comunicación un gráfico donde se exponía la cantidad de paros que llevó adelante la CGT en los diferentes mandatos presidenciales desde el regreso de la democracia. Raúl Alfonsín sufrió 13 paros generales; Carlos Menem, 8; Fernando De la Rúa, 8; Eduardo Duhalde, 2; Néstor Kirchner, 1; Cristina Kirchner, 5; Mauricio Macri, 5, y Alberto Fernández, ninguno hasta el momento.

El vínculo entre la CGT y el presidente, Alberto Fernández, se erosionó en las últimas semanas ante el enojo de algunos de sus dirigentes ante la falta de poder de decisión del primer mandatario; sin embargo, la relación lejos está de romperse.

Según confirmaron fuentes sindicales, el Gobierno está a punto de avanzar con la publicación de un DNU a través del cual pasará a absorber los costos de la cobertura económica de las prestaciones de educación y transporte para afiliados sindicales que sufren alguna discapacidad. 

Se trata de una ayuda multimillonaria que aliviará el déficit de caja que tienen las obras sociales sindicales, pero que, al mismo tiempo, aumentará el pasivo del Ejecutivo.

Actualmente, esos costos son absorbidos por el Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que se financia con el aporte obligatorio que se les retiene todos los meses a los trabajadores. De esta manera, con el nuevo DNU, esos gastos pasarán a las arcas estatales, ensanchando el déficit fiscal que la flamante ministra de Economía, Silvina Batakis, prometió combatir.

Las fuentes consultadas por NEXOFIN oscilaron al momento de ponerle un número final a este “alivio” a las obras sociales sindicales. Mientras algunos aseguran que se trata de un gasto de 6.000 millones de pesos, otros elevan esa cifra hasta los 8.000 millones de pesos.

Para entender cómo funciona hasta ahora el sistema, es necesario recordar que todos los meses, la CGT reclama a la Superintendencia de Servicios de Salud el giro de los fondos del sistema de redistribución para financiar a las obras sociales. Esos fondos los retiene el Estado, pero surgen de los aportes que hacen los trabajadores. Con este cambio, las prestaciones de educación y transporte para afiliados sindicales que sufren alguna discapacidad saldrán de la Agencia Nacional de Discapacidad, dependiente de la Jefatura de Gabinete.

“Son unas 297 mil personas cuando todo el sistema cubre a 16 millones. Y ese primer grupo absorbe un 55% del dinero que gira el Fondo Solidario de Redistribución”, explicó semanas atrás una fuente gremial al sitio especializado Mundo Gremial.