El nuevo Régimen Penal Juvenil, un pedido que Mauricio Macri les había hecho a sus asesores en materia de Justicia en 2017 y que quedó postergado por la campaña electoral legislativa de ese año, recobró impulso en las últimas horas, Y ahora el Presidente planea enviarlo al Congreso para intentar reunir consenso con la oposición y aprobarlo durante las sesiones extraordinarias de febrero.
La principal novedad en la letra del texto, tiene que ver con la baja de la edad de imputabilidad: de 16 años pasará a 15, para los delitos más graves; y no a 14 como impulsaba el sector más duro.
La decisión de enviar el proyecto, que el ministro de Justicia, Germán Garavano; ya tiene listo hace meses, se reflotó luego de que se evaluara la buena recepción que había tenido el anuncio de la compra de las Taser, un aspecto que un año electoral suele ser determinante.
En el Gobierno hablan de un “cambio cultural” que permite plantear algunos debates que, años atrás, generaban prurito a la clase política.
La ministra de Seguridad Patricia Bullrich y del Ministro de Justicia Garavano, en una conferencia de noviembre de 2017.
Fue, precisamente, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich quien junto a Garavano hablaron del tema en el cónclave del viernes. La funcionaria, que pretendía que la edad de imputabilidad bajara a 14 años, le había dado su conformidad al ministro para que quede en 15 años, porque, según cuentan cerca suyo, entiende que lo mejor es que salga un proyecto que reemplace a la Ley 22.278, vigente desde 1980, en plena dictadura.
Con las diferencias de criterio internas ya saldadas, y la carta de que se trata de una baja de imputabilidad más moderada que la prevista inicialmente, en el oficialismo aspiran a que el consenso con un sector del peronismo federal les permita avanzar en el Congreso. Y descuentan que el kirchnerismo se opondrá.