Gobierno, Gremios y Oposición: ¿Qué dice la ley de empleo y qué se discute?

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Este tema ya se encuentra en discusión, entre el Poder Ejecutivo, que envió el proyecto hace unos meses, la oposición y los gremios que tienen una mirada crítica. Punto por punto, las claves del proyecto.

En el Congreso se encuentra un proyecto de ley de promoción del primer empleo y de la formalización del trabajo no registrado. Este tema ya está se encuentra en discusión, entre el Poder Ejecutivo, que envió el proyecto hace unos meses, la oposición y los gremios que tienen una mirada crítica porque lo relacionan como una nueva forma de flexibilización laboral, como la que ocurrió en los años 90.

Sin embargo, el argumento del gobierno es que la ley ayudará a reactivar y formalizar el empleo, otorgando más beneficios extras a diez provincias del noroeste del país.

Qué dice el proyecto:

Este nuevo proyecto contempla exenciones de las contribuciones patronales de la seguridad social y otorgar compensaciones económicas para las empresas destinadas a la contratación de trabajadores, con un tratamiento diferencial y más beneficioso para las provincias que integran lo que se definió como “Plan Belgrano” (Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes y Santiago del Estero).

Para poder acceder a los beneficios los empleadores, tanto públicos como privados, tendrán que contratar a trabajadores que reúnan los siguientes requisitos: 1) Edad de 18 a 24 años, pudiendo extenderse hasta los 16, de acuerdo a lo que permite la Ley de Contrato de Trabajo. 2) El trabajador debe acceder al primer empleo registrado, o poseer 36 meses de aportes acreditados en su historial de ANSES, en forma continua o discontinua. También, se podrá acceder a los beneficios contratando personal con certificado de discapacidad vigente. El beneficio consiste en una exención de las contribuciones de seguridad social, que puede llegar hasta el 100%, hasta el límite de considerar la base de cálculo de remuneración bruta que no podrá superar una vez y medio el importe del salario mínimo vital y móvil que se encuentre vigente. No habrá exenciones sobre las contribuciones destinadas a la obra social ni de las cuotas que tienen que pagarse sobre la  Ley de Riesgos de Trabajo (ART). Otro beneficio consiste en otorgar un incentivo económico para los empleadores ubicados en las provincias del norte que contraten a esos trabajadores. El subsidio consiste en un pago mensual de una suma de dinero proporcional a la cantidad de períodos aportados que registra el empleado contratado y según la dotación de trabajadores que posea la empresa, pudiendo llegar hasta el 8% de sus remuneraciones brutas. Los beneficios e incentivos que otorga la ley, de aprobarse, serán para los nuevos trabajadores incorporados desde el 1 de enero de 2016, en los términos que establece la Ley de Contrato de Trabajo y que se produzca un incremento respecto de la cantidad promedio de trabajadores determinado para el último trimestre del 2015. Para las provincias del norte habrá beneficios adicionales, que se materializará recibiendo el empleador un incentivo económico que puede llegar hasta el 17% sobre la remuneración bruta del trabajador.

Para el NOA no habrá límites de edad sobre los empleados que se contraten. El tercer punto del proyecto se refiere a la creación del un Régimen de Regularización del empleo no Registrado, dicho en otras palabras: un nuevo blanqueo, similar al del año 2009. Por el mismo se condonan las deudas por hasta 10 trabajadores no registrados, todas las multas y sanciones tributarias por las deudas previsionales. Además, esos pagos no tendrán la exigencia sobre de deuda impositiva de IVA y de Ganancias.

A partir del trabajador 11 que se regularice, sólo se tendrán que ingresar sus cargas sociales adeudadas, no habiendo multas ni sanciones impositivas para atrás. Los empleados regularizados podrán computar 60 meses de servicios para el cómputo de los años de la jubilación, no influyendo los mismos para el cálculo del haber previsional.

Qué rige hoy:

Actualmente, ya se encuentra vigente y prorrogada hasta el 31 de julio de 2017,  la ley 26.940, que otorga reducción del 50% sobre las contribuciones patronales de la seguridad social para los pequeños empleadores (personas físicas, sociedades de hecho y de responsabilidad limitada) con hasta 5 empleados, cuya facturación anual no supere $ 2.400.000 (vigente desde el año 2014).

El gobierno mantiene que favorecerá la creación y formalización de nuevos empleos; en cambio los gremios hablan de una nueva forma de precarización laboral.

La duda es conocer si una norma, por sí sola, puede incrementar el empleo o si será necesario primero que mejore la economía para que las empresas contraten a más empleados. Otra incógnita es definir si las empresas regularizan a sus trabajadores porque sale un a ley o porque se refuerzan los controles en la economía informal. Pero no, haciendo exagerados controles a las Pymes, que en algunos casos llegan a sufrir hasta tres inspecciones de los Ministerios de Trabajo (nacional y provincial) en el lapso de seis meses; sino realizar controles efectivos en los lugares donde el 100% de los trabajadores se encuentran sin registrar y trabajando al borde de la esclavitud.

Por último otro tema a definir, no menor, es si todas estas leyes que eximen de pagar contribuciones de seguridad social, no terminan desfinanciando al sistema previsional a futuro. Hoy se necesita imperiosamente de un blanqueo para el reconocimiento de la deuda para los jubilados.

Lo que queda por definir es sobre este tema quién, finalmente, ganará la pulseada.