El Gobierno promulgó la reforma de la Ley de Abastecimiento. Hay rechazo de sectores empresarios y dirigentes agrícolas.
La reforma fue promulgada por el Gobierno Nacional por medio de un decreto que la presidenta Cristina Fernández dejó establecido antes de su viaje a Italia.
El decreto 1622 de promulgación fue publicado hoy en el Boletín Oficial con las firmas de Fernández, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y los ministros de Economía, Axel Kicillof, y de Justicia, Julio Alak.
La Ley que regulará «las relaciones de producción y consumo» contó con el voto positivo de 130 diputados, la negativa de 105 y la abstención de 5. En tanto las principales asociaciones empresariales del país nucleadas en el Grupo de los Seis ya anticiparon que presentarán recursos de amparo en la Justicia contra la norma.
En este sentido el titular de la Sociedad Rural, Luis Etchevehere, expresó: “Si a partir del sábado –cuando la ley esté promulgada– va alguien a un campo y pretende sacar granos o animales, o va a un frigorífico para sacar medias reses o a una planta de acopio para sacar lo que esté ahí guardado, los productores se están organizando para que un abogado vaya y pida un amparo”.
Desde el lado de la oposición, los precandidatos presidenciales Sergio Massa (Frente Renovador) y Hermes Binner (Frente Amplio Unen) concuerdan en que si acceden al Gobierno avalarán la «derogación» de la norma, mientras que el senador Fernando «Pino» Solanas prometió revisarla.
La nueva Ley de Abastecimiento tiene como puntos claves regular las relaciones de producción y consumo, permitir que el Estado pueda establecer márgenes de utilidad, precios de referencia, niveles máximos y mínimos de precios; dictar normas para la comercialización, distribución y producción; disponer la continuidad -en precios y cantidades- en la producción, industrialización, comercialización, transporte, distribución o prestación de servicios, como también de la fabricación de determinados productos.
Asimismo, podrá intervenir y declarar inmovilizadas las mercaderías que sean objeto de una maniobra para reducir la oferta, sancionando a quienes elevaren artificialmente o injustificadamente los precios u obtuvieran ganancias abusivas.
La Presidenta firmó los decretos de promulgación de las leyes que disponen un observatorio de precios y la creación de un fuero especial para la resolución de conflictos en las relaciones de consumo.
Los decretos 1623 y 1624 fueron publicados hoy en el Boletín Oficial, luego de que también se sancionaran las normas por la Cámara de Diputados tras su aprobación previa por parte del Senado.