La UCR cree que la imputación de Mestre fué obra de De la Sota y Juez

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La Unión Cívica Radical (UCR) de Córdoba denunció ayer que la imputación al intendente de Córdoba, Ramón Mestre, se debe a una maniobra orquestada entre el gobernador de la provincia, José Manuel de la Sota, y el senador nacional Luis Juez (Frente Cívico), conjuntamente con el fiscal federal Gustavo Vidal Lascano.

Mediante un comunicado firmado por el titular del Comité Provincial, Jorge Font, la UCR atribuyó la imputación judicial a Mestre por un presunto desvío de subsidios nacionales para el transporte urbano de pasajeros, a una maniobra tramada por De la Sota y Juez.

También acusó al fiscal federal, Vidal Lascano, de tener “un vínculo funcional e ideológico con su antiguo jefe, De la Sota” y al secretario del fiscal, Daniel Maldonado, de ser “ex funcionario de Juez”.

“La UCR es un partido identificado con la decencia pública y rechaza cualquier distracción en la persecución de actos ilícitos e inmorales en la acción de gobierno”, sostiene el radicalismo.

El PJ respondió y le pidió al radicalismo que “se abstenga de pronunciar declaraciones paranoicas”.

Para defender al jefe capitalino, la UCR criticó en duros términos también al justicialismo cordobés, al fiscal federal Gustavo Vidal Lascano, a Luis Juez y a “los falsos periodistas que agravian deliberadamente”. También se refirió a las “presiones del Gobierno Federal” y de “operadores del Poder Judicial que erosionan la credibilidad de dirigentes y funcionarios afectados”.

Mediante un comunicado que lleva la firma del flamante presidente del Comité Provincia, Jorge Font, el radicalismo aseguró que con la decisión tomada por la Fiscalía Federal Nº 2, “claramente hay un solo ganador, el gobernador y las variantes peronistas que pretenden perpetuarse en el poder y acceder al Gobierno municipal”.

La Causa: 

El fiscal Vidal Lascano, imputó a Mestre el pasado martes, por el delito de ‘defraudación en perjuicio de la administración pública’, con alcances al ex secretario de Transporte Municipal, Juan Pablo Díaz Cardeilhac y al titular de la empresa de transporte Ersa, Juan Carlos Romero. A los tres se los acusa de maniobrar de manera ilegítima para hacerse de subsidios nacionales destinados a la compra de combustibles para las unidades de transporte de pasajeros urbanos.