Lo dispuso el juez Ercolini. El empresario no podrá disponer de su dinero libremente, por más que logre vender alguna compañía. Alcanza a su socio Fabián de Souza y a las empresas del Grupo Indalo.
El juez federal Julián Ercolini dispuso la inhibición general de bienes de Cristóbal López, Fabián de Souza y de todas las empresas que integran el Grupo Indalo.
López deberá ir el 23 de agosto a los Tribunales de Comodoro Py, al igual que su socio Fabián De Souza, Ricardo Echegaray -ex titular de la AFIP- y el ex director de la Dirección General Impositiva (DGI), Ángel Rubén Toninelli, sospechados de ser partes de una trama que habría generado una «defraudación al Estado».
La medida de hoy, se convierte en el primer embargo a cuentas personales de López y alcanza a Fabián de Sousa igual. El juez Ercolini indicó en su fallo que la inhibición general es para «prevenir manejos, transferencias o disposiciones de bienes y/o ganancias», considerando la importancia «de la cuantía de la deuda». A su vez, señala que se desconoce de forma «precia y fehaciente los bienes registrables» que podrían garantizar el cobro del crédito fiscal» que asciende a $ 8.000 millones, «dada la situación de riesgo de insolvencia esgrimida», advierte el Magistrado.
Esta inhibición de bienes alcanza a todas las empresas del Grupo Indalo: Alcalis de la Patagonia, Argentina Corre, Consulplan, CPC, CVI Concesionario Vial, Desarrollo Electrónicos Informáticos, DH Com, Establecimiento Santa Elena, Esluvial SA, Ganadera Santa Elena, Gestiones Tallion ARG, Ideas del Sur, IGD, Imagen Radia, Indalo Inversiones, Inverco del Cono Sur, Inversora M & S, Oil Combustibles, La Salamandra, M&S Consulting, Oil Construcciones, Oil M & S, Paqary SA, Parador Diez, Paraná Metal, Petrolera Cerro Negro, Promet, Radio Productora 2000 SA, Serma, South Media Investments, South Minera, Urbanizadora Gea, Telepiu y Voltionis.
Dos de estas empresas son inquilinas de Los Sauces SA, propiedad de Cristina Kirchner a quien también la Justicia le inhibió sus bienes y cuentas. Se trata de Inversora M & S donde trabaja su sobrina Romina Mercado y Alcalis de la Patagonia, que emplea a Osvaldo Sanfelice ex socio de Máximo Kirchner en la Inmobiliaria.
La Justicia laboral ya había congelado cuentas del Grupo por $ 25 millones a raíz de los juicios que mantiene con empleados despedidos de C5N, Radio 10 y FM Pop.
La medida se tomó en la causa que investiga la evasión fiscal de $ 8.000 millones, que correspondían al impuesto al combustible durante 2011, algo que el actual Gobierno quiere cobrar, pero que según fuentes oficiales, «corre riesgo de no llegar a recuperarse nunca«. La Justicia logró detener la venta de varias firmas del Grupo y colocó siete veedores para controlar los movimientos financieros del mismo. Esto se sumó a una serie de allanamientos que se hicieron después en el marco de la misma investigación.
La deuda fiscal se generó, tal como reveló La Nación, por la omisión del pago del impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC). Estos fondos se direccionaron a dos empresas del Grupo Indal, Inversora M&S (inquilina de Los Sauces SA de la ex Presidenta y donde trabaja Romina Mercado, sobrina de Cristina Kirchner y presidenta de Hotesur), y Oil M&S. Estas firmas utilizaron los miles de millones de pesos para hacer frente a la crisis financiera que afrontan desde hace unos años y acentuada en el último año.
Ahora, Cristóbal López que buscó escindir su grupo y separarse de Fabián De Souza, afronta un embargo completo de sus bienes, para evitar que realice cualquier tipo desprendimiento de sus compañías, al igual que su socio. En principio podría avanzar en la venta de algunas empresas -que no estén dentro de Indalo-, pero no dispondrá del dinero libremente, según informaron desde el Grupo.
El empresario K tiene en planes vender varias de sus firmas en cuanto la Justicia se lo permita. Ya avanzó en la venta de su participación accionaria en Casinos Club, donde tenía el 28 % del paquete.
Los últimos meses, López según fuentes de confianza, esperaba la finalización de una auditoría aún en proceso, para vender su Banco Finansur adquirido el año pasado. También con el 70% de la venta se incluía la aseguradora Generali Argentina. Nada de esto podría avanzar con la nueva medida judicial.