La Auditoría General de la Nación detectó otra estafa millonaria en el PAMI

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Luciano Di Cesare, ingresando a los tribunales federales de Retiro.

Hallaron sobreprecios en pagos de prótesis y servicios médicos, afiliaciones dobles y compras sin control por unos 515 millones de pesos.

En un pormenorizado informe, la Auditoría General de la Nación (AGN) detectó otra estafa en el PAMI, por 515 millones de pesos. Los auditores detectaron aumentos de 150% en los servicios de kinesiología, rehabilitación y fonoaudiología, entre otros, en sólo un año.

Ese salto en los precios ocurrió en 2011. “Esto sucedió porque las prestaciones se realizaban sin identificar a los afiliados atendidos, o sin conformidad del sector. En uno de los casos seleccionados el cobrador carecía de aprobación como prestador del servicio, aunque debía ser autorizado por el director ejecutivo de la unidad de gestión local del PAMI, previo pago de las factura”, señala a este diario el auditor Alejandro Nieva,  Además, “se constataron jubilados con doble afiliación, con fecha de nacimiento anterior al año 1900, CUIT o CUIL compuestos por ceros, o falta de correspondencia entre el afiliado con el nombre y el sexo. No existe confiabilidad en la base de datos del 2011 del PAMI”, expresa Nieva. “Son irregularidades que ya habíamos advertido en un informe previo”, agrega.

Uno de los capítulos más sustanciosos del informe se refiere a la falta de control y las irregularidades en la liquidación por la compra de remedios por monto fijo, suma que superó los 1.962 millones de pesos. No es todo: se detectaron muertos comprando prótesis, medicamentos oncológicos e insulinas, los más caros del mercado. Esto fue investigado por la Justicia en el marco de la llamada “mafia de los medicamentos”.

También se lee que el PAMI no tenía un registro de consumos ni de los insumos, como tampoco un inventario de sus bienes. Se observó la existencia de 1.058 millones de pesos en deuda a recuperar, con la dificultad de que en la mayoría de los casos el sistema utilizado no reconoce al prestador para aplicar el débito y, cuando lo logra hay una demora superior a un año.   “Es primordial que estas observaciones sean tenidas en cuenta con el fin de regularizar la situación del PAMI”, dice Nieva, que subraya la promesa del Gobierno de cambiar este panorama. “Así, haremos de la obra social de los jubilados una institución transparente y eficiente para brindar asistencia médica y social a la tercera edad”.

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Mariano Javier Pepa
Director General - Tec. en Gestión de Medios Masivos de Comunicación - Diseñador Web