El Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) de Córdoba comenzó hoy el quinto juicio contra el represor Luciano Benjamín Menéndez por crímenes de lesa humanidad cometidos en esa provincia durante la última dictadura, en este caso por el secuestro y asesinato de tres militantes de la Juventud Universitaria Peronista (JUP). 

El entonces jefe del Tercer Cuerpo de Ejército llega como único imputado a este juicio oral y público, un desprendimiento de la causa “Roselli” por la cual en 2012, mientras Menéndez alegaba problemas de salud, ya fueron condenados a prisión perpetua tres represores del Comando Radioeléctrico de la Policía de la provincial.

Menéndez está imputado como autor mediato de los delitos de “privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos agravados y homicidio calificado”, en perjuicio de Ana María Villanueva, Carlos Delfín Oliva y Jorge Manuel Diez, militantes de la JUP asesinados el 2 de junio de 1976.

Integrado por los magistrados José Muscará, Mario Garzón y Juan Carlos Reynaga, el TOF 2 abrió hoy la primera jornada de audiencia con la lectura de la pieza acusatoria y la resolución de planteos promovidos por las partes, para luego pasar a cuarto intermedio hasta el lunes próximo.

Se realizarán audiencias sólo los lunes y, según fuentes de la causa, serán convocados una decena de testigos, por lo que se estima que habrá sentencia en la primera quincena de mayo.

En la primera audiencia, el Tribunal rechazó los planteos de inconstitucionalidad y nulidad formulados por la defensora oficial de Menéndez, Natalia Bazán, así como el pedido de que fuera separado del juicio por “problemas de salud”.

A instancias del abogado querellante Claudio Orosz, el TOF 2 puso a disposición de las partes los archivos fílmicos de las declaraciones que ya efectuaron los testigos en el juicio de 2012 que concluyó con la condena a tres policías, a fin de evitar que sean citados nuevamente.

Sobre los hechos que se juzgan, la instrucción de la causa sostiene que los tres militantes de la JUP fueron fusilados en un descampado después de haber sido capturados por policías que interceptaron el automóvil en el que pretendían huir por calles de la ciudad de Córdoba.

Por estos hechos, el 26 de marzo de 2012 el TOF2 condenó a prisión perpetua a los policías Pedro Nolasco Bustos, Jorge Vicente Worona y José Filiberto Olivieri, como autores materiales del secuestro y asesinato de los tres militantes estudiantiles.

“Menéndez, al igual que en los otros juicios, tiene la responsabilidad de todos los crímenes en jurisdicción del Comando del Tercer Cuerpo del Ejército, porque estaba al mando y tenía a su cargo toda la logística de lo que ellos llamaban la lucha contra la subversión”, dijo a Télam el fiscal Facundo Trotta.

Los elementos probatorios que dieron sustento a las condenas a perpetua de los policías “ya nos dan una certeza de cómo fueron y cómo sucedieron los hechos, aunque Menéndez ahora puede ejercer el derecho a defensa y controvertir la prueba”, añadió el fiscal.

“Está acreditado que Menéndez presidía las Reuniones Informativas de Inteligencia, donde se definían los objetivos a ser atacados, y proporcionaba los medios para llevar adelante esa acción delictiva, como los secuestros y asesinatos, como así también para poder lograr la impunidad”, subrayó.

Las acciones de exterminio, que eran presentadas como “enfrentamientos, tenían un doble propósito: imponer temor en la ciudadanía y por otro lado presentar a los organismos de seguridad como el medio adecuado para traer la paz social”, argumentó Trotta.

Por su parte, Orosz sostuvo que los hechos que se juzgan “eran prácticas sistematizadas desde diciembre de 1975 en Córdoba”, cuando Menéndez se hizo cargo de Tercer Cuerpo de Ejército, con jurisdicción en Córdoba y otras provincias.

“Menéndez era el responsable directo de todo el aparato de exterminio que se realizaba por medio del secuestro, la tortura y el fusilamiento”, añadió el abogado querellante.

Por su parte, Emi D’ambra, titular de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Córdoba, alerto que los acusados en diversas causas por delitos de lesa humanidad “especulan con un triunfo electoral de la derecha porque están confiados en el indulto y la impunidad que les prometió (Mauricio) Macri”.

“Están poniendo muchas chicanas para demorar los juicios. Creen que va a ganar la derecha. Confían en la promesa de indulto de Macri (…) parece que no saben que las políticas de derechos humanos vinieron para quedarse”, declaró D’Ambra a esta agencia. Los organismos de derechos humanos “no estamos dispuestos a ceder ni un centímetro en lo que se ha logrado hasta el momento. Los pañuelos son banderas, ni un paso atrás. Lo conquistado lo vamos a defender con uñas y dientes hasta que se haga justicia por todas las víctimas del terrorismo de Estado”, concluyó.