Tensión en Lugano: la Metropolitana llegó al predio

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Los vecinos se preparaban para resistir el operativo de desalojo que dispuso la Justicia, tras cuatro días de ocupación por parte de familias que reclaman viviendas.

 


Al leer la orden judicial, el jefe de la Policía Metropolitana, Fernando Cullado, pidió esta tarde a los vecinos que desalojen “en paz” y en un plazo de “media hora” el predio de Villa Lugano, para “evitar una escalada de violencia”.

El policía aseguró que se “respetarán leyes y garantías” de los ocupantes del terreno de avenida Cruz y Pola, que permanecían en el predio y rechazaban el desalojo.

El jefe policial confirmó que hay personas “armadas” dentro del predio.

En su fallo de hoy el juez Vega decidió que los fiscales Carlos Fel Rolero Santurian, Luis Cevasco, Gabriel Unrein y Javier López Zavaleta, procedan al “allanamiento y liberación” del predio de Avenida Fernandez de la Cruz entre las calles Pola y Escalada.

También determinó “el desalojo de sus ocupantes y la restitución al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”.

La medida debe concretarse “en el horario diurno y en condiciones meteorológicas normales” y la cantidad de personal de las fuerzas de seguridad que lleven a cabo el desalojo “debe ser proporcional
a la cantidad de ocupantes del predio”.

El personal policial que participe “debe identificarse en forma previa” y el desalojo “deberá quedar registrado en soporte fílmico”, dijo el juez.

El procedimiento deberá ser llevada a cabo por los efectivos de la Policía Metropolitana que los fiscales “determinen necesarios, tanto para garantizar el mismo como para evitar otras ocupaciones del predio en cuestión”.

Para concretar el operativo, el juez determinó que se deben tener en cuenta las recomendaciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que estipula que se brinde a las personas desalojadas alternativas para tener un lugar para vivir.

En ese sentido, Vega decidió que deben involucrarse una serie de organismos del Gobierno porteño para dar respuestas concretas, quienes si no se presentan pueden incurrir “en el delito de desobediencia”.

Están citados por el juez la Dirección General de Atención Inmediata del GCBA, a través del Programa Buenos Aires Presente (BAP) “a efectos del ofrecimiento de las instancias de atención social y derivación de los distintos programas con los que cuenta”.

También la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias para “realizar las tareas pertinentes para el caso de que existan peligros de derrumbe que pongan en riesgo a los ocupantes a desalojar y personal interviniente en el procedimiento y para proceder al traslado de animales y efectos en general”.

El SAME también deberá “asistir a las personas que requieran atención médica”, como el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes “a efectos de asistir a niños solos o sin adulto responsable”.

Además, el magistrado decidió que esté la Dirección de Minorías y sus Garantías “a fin de garantizar que se cumplan los estándares básicos de derechos y garantías de las minorías”.

En su dictamen, Vega señaló que “al margen de que se discuta el grado de contaminación de los suelos donde actualmente se encuentran asentados los ocupantes, no está controvertido que se trata de tierras que requieren un saneamiento ambiental”.

Recordó que “existe una sentencia firme del Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario N° 4 de la Ciudad que condenó al GCBA, entre otras cosas a realizar esas tareas de reparación, incluso a pedido de la Defensoría Oficial y del Asesor Tutelar de ese fuero, que a la fecha batallan tenazmente para el cumplimiento de esa manda judicial”.

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Mariano Javier Pepa
Director General - Tec. en Gestión de Medios Masivos de Comunicación - Diseñador Web