El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció su decisión de renovar los bombardeos sobre posiciones de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, después de la muerte de al menos 11 militares en un ataque atribuido al grupo guerrillero en el suroccidente del país.
En el incidente, ocurrido cerca de la localidad de Buenos Aires, en el departamento del Cauca, resultaron heridos además otros 20 soldados.
Según información del ejército colombiano, el martes a las 11:30 pm (04:30 GMT), efectivos del Batallón de Combate Terrestre de la Fuerza de Tarea Apolo, fueron atacados con artefactos explosivos, granadas y armas de fuego.
«El incidente fue producto de un ataque deliberado, no fortuito, de las FARC y esto implica un claro rompimiento de la promesa de un cese al fuego unilateral», dijo Santos desde la ciudad de Cali, tras una reunión con autoridades del departamento del Cauca y mandos del ejército y la policía.
«He ordenado a las Fuerzas Armadas levantar la orden de suspensión de bombardeos a los campamentos de las FARC hasta nueva orden», anunció el mandatario.
De acuerdo a lo señalado por el gobernador de Cauca, Temístocles Ortega Narváez, el ataque en el que murieron los 11 militares tuvo lugar en una base militar.
El comandante de la Tercera División del Ejército, general Mario Augusto Valencia, confirmó el hecho y anotó que la institución «reprocha el acto de la columna Miller Perdomo de las FARC».
«El cese al fuego unilateral que las FARC anunció el pasado mes de diciembre se había mantenido hasta este ataque», explicó Natalio Cosoy, corresponsal de BBC Mundo en Colombia.
«Hace sólo unos días Santos había anunciado la prórroga de la suspensión de bombardeos, que se implementó originalmente para un mes», agregó Cosoy.
«Grave violación a los derechos humanos»
Se trata del hecho más grave en el marco de la tregua unilateral anunciada por el grupo rebelde el pasado 20 de diciembre.
«Este es un hecho condenable, que no quedará impune y exige medidas contundentes y tendrá consecuencias», dijo Santos en su declaración.
Desde 2013, representantes del gobierno y del grupo armado se encuentran reunidos en La Habana, Cuba, en medio de un proceso de diálogo para poner fin al conflicto interno más antiguo del hemisferio occidental.
El fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, dijo en la misma rueda de prensa del presidente que el gobierno considera el ataque un «homicidio en persona protegida», y un «hecho de grave violación a los derechos humanos por parte de las FARC».
Montealegre agregó que intentarán establecer si hay civiles involucrados en el hecho.
Este miércoles uno de los voceros de las FARC en La Habana, Pastor Alape, afirmó que «tales hechos, a todas luces, son consecuencia de la incoherencia gubernamental de estar ordenando operativos militares contra una guerrilla en tregua».
Y añadió: «El país está esperando la noticia del cese bilateral de fuegos, señor presidente».