La intensa temporada de precipitaciones se extiende durante cinco meses, desde fines de septiembre hasta febrero, lo que obligó al gobierno a declarar emergencia nacional.
Lo hizo con el objetivo de movilizar personal civil, tropa militar y disponer de mayores recursos financieros estatales para asistir a los damnificados ya que, según recuentos provisionales extraoficiales, ya suman más de 41 las personas fallecidas, además de 20.000 familias damnificadas.
El poblado amazónico de Rurrenabaque, de nutrido movimiento turístico, al norte de La Paz, es uno de los lugares que ha soportado el mayor costo de las lluvias. Un alud, ocasionado por los fuertes aguaceros, sepultó allí a 10 personas, entre ellos cuatro soldados marineros.
El siniestro se registró luego de que toda esa región, de exuberante vegetación, soportara una lluvia durante unas 12 horas.
Los temporales también provocaron que desde el gobierno se tomen medidas para evitar un eventual aumento de precios de los alimentos o la escasez de los mismos. Desde el poder Ejecutivo aseguró que el país cuenta con reservas o, de lo contrario, importaría productos.
«En los alimentos más importantes, como son el maíz, arroz, azúcar, Emapa e Insumos Bolivia (empresas estatales de alimentos) tienen reservas. Entonces el momento que haya escasez de alguna cosa, nosotros metemos reservas», afirmó la ministra de Desarrollo Productivo, Teresa Morales.
Entre tanto, el estatal Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología pronosticó que las lluvias continuarán en febrero.
Por Melisa Müller | Tw: @Melii_Muller | melisa.muller@hotmail.com