Grave denuncia del Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba

Ingeniero Agrónomo tomando muestras de suelo en rastrojo de maíz

Con motivo de celebrarse esta semana el 29no aniversario de su fundación, el CIAPC produjo una declaración que constituye una severísima denuncia de la situación de la profesión.

Algunos de los párrafos sobresalientes de la declaración, son los siguientes:

Receta fitosanitaria
El CIAPC puntualiza que “en Córdoba tenemos aproximadamente 8.000.000 de hectáreas productivas donde no hay registro de uso de receta fitosanitaria. ¿Se produce allí? La respuesta categórica es sí. ¿Qué sucede entonces?, ¿por qué el productor no solicita la receta?; ¿por qué el ingeniero agrónomo no la hace?; ¿por qué el aplicador no resguarda su trabajo con el aval de esa receta? ¿Y qué hace el estado frente a este escenario?

“Cada uno posee su cuota de responsabilidad, pero es importante recordar que ante la sociedad los ingenieros agrónomos somos los únicos profesionales habilitados para prescribir y garantizar la Gestión Ambiental de los agroquímicos ante los habitantes del territorio Nacional”.

Conservación de suelos
En cuanto a la ley de conservación de suelos se subraya que “establece que “en las zonas donde los procesos de degradación de los suelos tiendan a ser crecientes y progresivos (…) la Autoridad de Aplicación (Ministerio de Agricultura y Ministerio de Ambiente) deberá declararlas en los Distritos de Recuperación de Suelos. En dichos Distritos, será obligatoria la presentación de planes prediales de recuperación de suelos, en forma individual o colectiva, los que deberán ser avalados por la firma de un Ingeniero Agrónomo, habilitado por el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba y/o cualquier otro profesional habilitado para tal fin y aprobados por la Autoridad de Aplicación.”

“En esta ley se declaran tres categorías de suelo: suelos en prevención, suelos en conservación y suelos en recuperación. En prevención y conservación el productor puede trabajar con planes de rotación a largo plazo a partir de la decisión voluntaria. Pero cuando se encuentra en un distrito de recuperación de suelos declarado (en la provincia existen dos casos, uno es ‘Córdoba Eólica’ Resolución Nº 2/2010, con 3.100.000 hectáreas, casi el 40% de la superficie agrícola de la provincia; otro es ‘Córdoba Norte’ Resolución Nº 1/2012 – ambas pertenecientes al entonces llamado MAGyA- con 1 millón y medio de hectáreas); la ley es muy clara respecto a que el plan predial donde se indique la rotación de cultivos, entre otras cuestiones, debe estar firmado por un ingeniero agrónomo”.

“Este plan no se exige o por lo menos en el CIAPC no tenemos conocimiento que los colegas estén realizándolos. ¿Quién lo tiene que exigir? Será el estado, a través de la autoridad de aplicación. Será el productor, o el propietario dueño de la tierra, que es en definitiva uno de los más perjudicados aunque él no logre visualizarlo. Será el ingeniero agrónomo que asesora, haciendo valer la responsabilidad y la experticia que el ejercicio de la profesión indica”.

“En esta misma línea, en relación a la ley de los consorcios de conservación de suelos, de 2.000.000 de hectáreas con riesgo de erosión hídrica, solo 100.000 tienen plan predial. ¿Qué pasa con el resto?

Voladura de suelos en campo cercano a Huinca Renancó
Voladura de suelos en campo cercano a Huinca Renancó

Cadena de responsabilidades
El documento del CIAPC continua: “¿Cómo se comienza a afianzar esta cadena de responsabilidades? ¿De arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba? ¿O empujando todos desde el lugar que nos corresponde?”.

“El sistema productivo actual ejerce presión en los distintos actores. Un importante porcentaje de los campos en la agricultura pampeana son arrendados, y la alta incidencia del alquiler en los contratos hace que todo este sistema se relaje en pos de beneficios económicos a corto plazo, afectando a todos los actores implicados en las leyes vigentes”.

Realidad desnuda
El Colegio de Ingenieros Agrónomos revela luego que “del reempadronamiento que llevamos a cabo días atrás se desprenden datos que muestran que un 70 % de agrónomos se desempeñan en el rubro agrícola, de los cuales un 76% realizan tareas que van desde la venta de los insumos agropecuarios hasta el seguimiento a campo de los cultivos”.

“De esta porción, un 50% se desempeña como autónomos, un 40% en relación de dependencia y un 10% subocupado o desocupado. De ese 50% de autónomos, solo un 18% es responsable inscripto y el resto Monotributista, con lo que eso implica en lo que a precarización laboral y nivel de ingresos se refiere”.

“Hoy no existen relaciones contractuales formales en la mayoría de las tareas realizadas por los colegas, lo que imposibilita cumplir con las normativas vigentes que regulan la situación previsional”.

“La incertidumbre es aún mayor cuando visualizamos que el 30% restante ejercen en rubros como ganadería, lechería, porcinos, semillas, organismos oficiales, forestal, horticultura, impacto ambiental, sistematización de suelos y docencia en todos sus instancias”.

A modo de conclusión y demanda, el CIAPC expresa que “los datos nos inquietan, pero también nos movilizan. Es por esto que, como institución colegiada con 29 años de experiencia y trayectoria, reclamamos que se nos dé un lugar en los ámbitos de definición de las políticas públicas, porque ningún país serio las diagrama sin la intervención de los profesionales. Vemos con preocupación que no se nos esté convocando para la toma de decisiones”.

La declaración completa realizada antes de ayer por la institución se transcribe a continuación:

Con casi tres décadas de trayectoria, nos repensamos y los invitamos a reflexionar 

Hoy, 14 de noviembre, el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba cumple su 29º Aniversario, hito propicio para hacer balances y ver cómo estamos posicionados de cara a nuestra profesión y a la sociedad, que son el marco en el cual se desarrollan nuestras prácticas profesionales. Entiéndase que nuestro ejercicio se despliega en contextos, tanto en el plano provincial como nacional, atravesados por instrumentos normativos que regulan la producción agroalimentaria.

Es así que, a nivel provincial contamos con una serie de leyes que, aún perfectibles, regulan actividades vinculadas con impactos al medio ambiente. En este campo de acción es imposible que la figura del ingeniero agrónomo quede excluida.

Dentro de estas leyes -fundamentales hoy para nuestro ejercicio profesional- podemos mencionar: la Nº 9164 de Productos químicos y biológicos de uso agropecuario; la Nº 8936 de Conservación y prevención de la degradación de los suelos; la Nº 8863 de Creación de Consorcios de Conservación suelos; la Nº 9814 de Ordenamiento territorial de bosques nativos; cada una con sus decretos reglamentarios y modificatorios.

En estas instancias se involucran a distintos actores, con responsabilidades específicas, siendo los productores agropecuarios, los ingenieros agrónomos y el Estado -como garante de cumplimiento de estas normas- recurrentes en cada una de ellas.

La ley de agroquímicos, considerada en el país y la región como una de las que más resguardo prevé para la salud humana y el medio ambiente, contempla como uno de sus actores al “usuario responsable”, que es quien se beneficia con el empleo de un producto fitosanitario. El usuario responsable más común es el productor agropecuario; productor de frutas y verduras, productor vitivinícola. Frente a una aplicación de agroquímicos, el usuario debe ser consciente de que liberar estos productos tiene un efecto de riesgo para la salud de las personas y el ambiente. Por lo tanto, se deben extremar las medidas para que el impacto del uso de estos insumos de la producción sea el mínimo posible, por un lado; y el más efectivo para el cultivo, por el otro.

Aquí comienza la cadena de responsabilidades: para respetar el marco legal vigente, este usuario precisa de la intervención de un profesional capacitado en el tema, que es el ingeniero agrónomo matriculado y con formación como asesor fitosanitario; inscripto en el registro oficial del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba. El ingeniero agrónomo deber ir al establecimiento agropecuario, revisar el lote e identificar situaciones problemas si las hubiere y prescribir un tratamiento con productos fitosanitarios mediante el documento legal vigente, la receta fitosanitaria.

La máquina encargada de realizar la aplicación también tiene que cumplir las normas establecidas legalmente, entre ellas: someterse a una revisión técnica que fija parámetros de funcionamiento, y registrarse en el ministerio provincial. Este procedimiento administrativo garantiza al operario su protección personal y seguridad de buen funcionamiento de los componentes, además de instarlo a capacitarse para obtener su carnet habilitante. El productor agropecuario debe cerciorarse que la máquina que ingresa a su campo tenga la habilitación mencionada ante la ley para garantizar todos estos puntos. Muchos productores poseen su propia maquinaria de aplicación siendo igual de importante esta habilitación, ya que preserva su salud -si es el operador- y la de su núcleo familiar.

El productor agropecuario, con la receta fitosanitaria, la maquinaria y el operario habilitados, están cubiertos por la Ley Nº 9164 y por las ordenanzas municipales correspondientes.

Ahora bien, en Córdoba tenemos aproximadamente 8.000.000 de hectáreas productivas donde no hay registro de uso de receta fitosanitaria. ¿Se produce allí? La respuesta categórica es sí. ¿Qué sucede entonces?, ¿por qué el productor no solicita la receta?; ¿por qué el ingeniero agrónomo no la hace?; ¿por qué el aplicador no resguarda su trabajo con el aval de esa receta? ¿Y qué hace el estado en frente a este escenario?

Cada uno posee su cuota de responsabilidad, pero es importante recordar que ante la sociedad los ingenieros agrónomos somos los únicos profesionales habilitados para prescribir y garantizar la Gestión Ambiental de los agroquímicos ante los habitantes del territorio Nacional.

Por su parte, la ley de conservación de suelos establece que“en las zonas donde los procesos de degradación de los suelos tiendan a ser crecientes y progresivos (…) la Autoridad de Aplicación (Ministerio de Agricultura y Ministerio de Ambiente) deberá declararlas en los Distritos de Recuperación de Suelos. En dichos Distritos, será obligatoria la presentación de planes prediales de recuperación de suelos, en forma individual o colectiva, los que deberán ser avalados por la firma de un Ingeniero Agrónomo, habilitado por el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba y/o cualquier otro profesional habilitado para tal fin y aprobados por la Autoridad de Aplicación.”

En esta ley se declaran tres categorías de suelo: suelos en prevención, suelos en conservación y suelos en recuperación. En prevención y conservación el productor puede trabajar con planes de rotación a largo plazo a partir de la decisión voluntaria. Pero cuando se encuentra en un distrito de recuperación de suelos declarado (en la provincia existen dos casos, uno es ‘Córdoba Eólica’ Resolución Nº 2/2010, con 3.100.000 hectáreas, casi el 40% de la superficie agrícola de la provincia; otro es ‘Córdoba Norte’ Resolución Nº 1/2012 – ambas pertenecientes al entonces llamado MAGyA- con 1 millón y medio de hectáreas); la ley es muy clara respecto a que el plan predial donde se indique la rotación de cultivos, entre otras cuestiones, debe estar firmado por un ingeniero agrónomo.

Este plan no se exige o por lo menos en el CIAPC no tenemos conocimiento que los colegas estén realizándolos. ¿Quién lo tiene que exigir? Será el estado, a través de la autoridad de aplicación. Será el productor, o el propietario dueño de la tierra, que es en definitiva uno de los más perjudicados aunque él no logre visualizarlo. Será el ingeniero agrónomo que asesora, haciendo valer la responsabilidad y la experticia que el ejercicio de la profesión indica.

En esta misma línea, en relación a la ley de los consorcios de conservación de suelos, de 2.000.000 de hectáreas con riesgo de erosión hídrica, solo 100.000 tienen plan predial. ¿Qué pasa con el resto?

¿Cómo se comienza a afianzar esta cadena de responsabilidades? ¿De arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba? ¿O empujando todos desde el lugar que nos corresponde?

El sistema productivo actual ejerce presión en los distintos actores. Un importante porcentaje de los campos en la agricultura pampeana son arrendados, y la alta incidencia del alquiler en los contratos hace que todo este sistema se relaje en pos de beneficios económicos a corto plazo, afectando a todos los actores implicados en las leyes vigentes.

Tales sucesos conducen a un escenario actual que da muestras de que, por ejemplo, en la aplicación de agroquímicos, no haya certezas de que se respeten períodos de carencia o condiciones técnicas oportunas de utilización de estos insumos; de que aparezcan continuamente malezas resistentes por el uso reiterado de un mismo producto o por el incorrecto manejo sanitario de los establecimientos que permite el ingreso de máquinas que las trasladan. Asimismo, hay datos que indican que el 40% de los agroquímicos que se esparcen en el ambiente no impactan sobre su objetivo, ya sea insecto o maleza. Esto tiene una doble lectura: por un lado, la maleza o el insecto reciben dosis menores a las indicadas en el marbete que no cumplen cabalmente su función. Por otro lado, hay una ineficiencia que incide en lo económico y, fundamentalmente, en lo ambiental, con costos importantes.

En suelos, la pérdida de la capacidad productiva por el mal manejo del recurso es evidente, con implicancias no solo en la producción sino en la infraestructura urbana y rural, con caminos intransitables y pueblos amenazados -e incluso desbordados- por el agua. Hay muchos estudios que han calculado estos pasivos ambientales, y son realmente graves los perjuicios económicos. Es consiente cada uno de los actores de estos problemas.

Cada uno tiene responsabilidades y debe asumirlas, no solo porque la ley lo establece sino, en el caso de los ingenieros agrónomos, porque nos hemos formado para el ejercicio profesional ético y comprometido con la sociedad. El cuidado del medio ambiente y los recursos naturales, y la producción de alimentos sanos y seguros es parte de nuestra tarea, pero no somos los únicos.

Los productores deben entender que estamos trabajando con recursos no renovables que impactan mucho más allá de los límites del establecimiento agropecuario particular de cada uno. Ellos son también responsables del cuidado del ambiente, los recursos y la producción de alimentos.

Y al Estado, organismo de aplicación de las leyes, le corresponde cumplirlas y fiscalizarlas y que, se entiende, redundan en beneficios para toda la sociedad.
Como organismo Colegiado que intenta colaborar en esta cadena de responsabilidades, tratando de que se respete nuestro rol o función ante la sociedad; entendemos, analizamos y contemplamos la realidad laboral diversa de los colegas.

Del reempadronamiento que llevamos a cabo días atrás se desprenden datos que muestran que un 70 % de agrónomos se desempeñan en el rubro agrícola, de los cuales un 76% realizan tareas que van desde la venta de los insumos agropecuarios hasta el seguimiento a campo de los cultivos.

De esta porción, un 50% se desempeña como autónomos, un 40% en relación de dependencia y un 10% subocupado o desocupado. De ese 50% de autónomos, solo un 18% es responsable inscripto y el resto Monotributista, con lo que eso implica en lo que a precarización laboral y nivel de ingresos se refiere.

Hoy no existen relaciones contractuales formales en la mayoría de las tareas realizadas por los colegas, lo que imposibilita cumplir con las normativas vigentes que regulan la situación previsional.

La incertidumbre es aún mayor cuando visualizamos que el 30% restante ejercen en rubros como ganadería, lechería, porcinos, semillas, organismos oficiales, forestal, horticultura, impacto ambiental, sistematización de suelos y docencia en todos sus instancias.

Los datos nos inquietan, pero también nos movilizan. Es por esto que, como institución colegiada con 29 años de experiencia y trayectoria, reclamamos que se nos dé un lugar en los ámbitos de definición de las políticas públicas, porque ningún país serio las diagrama sin la intervención de los profesionales. Vemos con preocupación que no se nos esté convocando para la toma de decisiones.

Fuente: agroverdad.com.ar