La historia revela que la política exterior y la Defensa han estado estrechamente ligadas a los largo de los años. Las polis y posteriormente los Imperios y Ciudades-Estados dan muestra de ese fenómeno. Pero veamos también, el vínculo de la política con la Defensa en la historia. En Atenas, por ejemplo, todos los aspirantes a políticos tenían que hacer mando militar hasta brigada, y en Roma, diez campañas militares anuales. Platón, en su obra «La República», expresó que los guerreros debían estar abocados a la defensa externa, pero aclara que ese grupo debía, además, estar subordinado directamente al poder político y mantenerse al margen de lo político.
Estas ideas parecen no haber sido comprendidas por las Fuerzas Armadas de nuestro país, principalmente desde 1930 hasta 1982. Durante este período se produjeron seis golpes de Estado que interrumpieron gobiernos constitucionales de distinto color político. Los bastonazos al sistema democrático tuvieron lugar en 1930, 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976. El primero puso fin al segundo gobierno de Hipólito Yrigoyen. El segundo fue perpetrado por el Grupo de Oficiales Unidos a Ramón Castillo. El tercero, denominado «Revolución Libertadora», derrocó a Juan Domingo Perón; el cuarto depuso a Arturo Frondizi, y el quinto destituyó a Arturo lllia –golpe llamado «Revolución Argentina»–. La sexta y última interrupción del régimen democrático, fue el denominado «Proceso de Reorganización Nacional» que derrocó a María Estela Martínez de Perón en 1976 y se caracterizó por la ferocidad de la tortura, la desaparición de personas y la violencia trotando las calles aturdidas de tanta intolerancia.
Todos estos hechos no hacen sino confirmar la inobservancia de las Fuerzas Armadas del mandato para el que fueron creadas y, por ende, reflejan el incumplimiento del principio de subordinación mencionado por Platón. Antes de expresar cuáles son las funciones que deben cumplir las Fuerzas Armadas en el nuevo contexto democrático creo oportuno hacer una aclaración conceptual que contribuirá a que el lector discierna dos conceptos que a menudo se utilizan como sinónimos pero que no lo son. Me refiero a “Defensa” y “Seguridad”. Mientras la función de la primera es principalmente velar por la seguridad nacional oponiendo resistencia a cualquier amenaza proveniente del exterior; a la segunda le atañe velar por la seguridad interna como combatir la delincuencia. Pero para una mayor ilustración veamos cuál es el personal que integra cada fuerza. Para el Dr. Jaime García, prestigioso analista político, el campo de acción de un militar es la Defensa, su principal compromiso es con el Estado, se organiza en unidades bajo un sistema de control centralizado y se basa en la lógica amigo-enemigo. Para el distinguido académico, la Seguridad está a cargo del policía. Se caracteriza porque su campo de acción es la seguridad pública y su compromiso es con el ciudadano. Actúa en organizaciones menores y en forma más autónoma. Su función es hacer cumplir la ley y prevenir el delito.
Aclarada esta diferencia veamos ahora las funciones que deben cumplir civiles y militares para garantizar el funcionamiento del sistema democrático.
- Funciones de civiles: definición de objetivos y política de Seguridad y Defensa; conducción y administración de las Fuerzas Armadas; asignación de misiones para cumplir objetivos políticos; provisión de recursos para cumplir misiones asignadas; supervisión de los resultados de las Fuerzas Armadas.
- Funciones de militares: ejecución de las tareas para cumplir las misiones asignadas; liderazgo de las fuerzas; organizar, equipar, entrenar las Fuerzas Armadas.
Aquí queda claro que las funciones que deben cumplir civiles y militares son divergentes pero no por ello excluyentes, sino complementarias. Ese ha sido el problema argentino: la incomprensión de los roles que cada uno debía desempeñar. Y a esto justamente se debe cierta dosis de desconfianza recíproca que aún persiste.
Con respecto a la guerra de Malvinas es interesante analizar algunos aspectos que conciernen a la planificación estratégica. Uno de los principios de la guerra que tanto se le ha cuestionado a las Fuerzas Armadas en la guerra de Malvinas es la unidad de mando. La falta de coordinación y fluida comunicación entre las fuerzas han sido señalado muchas veces como errores cometidos en el teatro de operaciones. A su vez, es importante cuando se diseñan tanto políticas exteriores como políticas de Defensa tener en cuenta las capacidades que posee el Estado. Es decir, al igual que cuando una empresa quiere hacer una campaña publicitaria, debe tener presente el presupuesto que posee para definir ulteriores acciones, en el ámbito castrense debe tenerse presente que equipo, recursos humanos e información se poseen, y planificar actividades acorde a ello. Entonces la pregunta muchas veces realizada es: ¿se tuvo en cuenta la capacidad militar cuando se decidió embarcar al país en una guerra contra un enemigo con las características de los británicos?
Quizás esa respuesta haya que buscarla en el plano interno. A la Argentina de 1976-1982 quizás sea posible considerarla según la concepción moderna del Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa de Washington, como un Estado frágil. Algunas características que debe reunir un Estado para recibir ese adjetivo son justamente la persecución institucionalizada, la pérdida de legitimidad del Estado, la incapacidad para garantizar la protección de las libertades y los derechos civiles elementales, la suspensión o aplicación arbitraria del Estado de Derecho y la violación sistematizada de los derechos humanos. Estas terribles peculiaridades enunciadas acontecían en la Argentina al momento de adoptarse la decisión de ir a la guerra. Tampoco parece haberse contemplado seriamente la capacidad militar que se poseía. Esto se debió a la búsqueda de legitimidad por parte de un gobierno que accedió al poder con las botas y no por los votos y que estaba transitando su etapa de agonía. No obstante, deben buscarse también las explicaciones en las conductas de los encargados de la toma de decisión. Digo esto porque como expresara el politólogo David Singer: «bajo condiciones de tensión y ansiedad, los encargados de tomar decisiones pueden no actuar según patrones de utilidad que pudieran llamarse racionales». Es decir, en ciertas situaciones se pueden adoptar decisiones que no obedecen a patrones racionales. Los dirigentes argentinos que condujeron al país a la guerra de Malvinas quizás sean un ejemplo empírico de aquella teoría.
Pero también puede apreciarse la incapacidad de aptitudes políticas de los dirigentes de esos tiempos. Y es aquí donde me quiero detener. El mundo civil es diferente del mundo militar, más aún en aquellos tiempos donde no existía interpenetración entre ambas esferas. La concertación es una habilidad necesaria, aunque no suficiente, para ser dirigente político pero no es una actividad a la que un militar esté acostumbrado y menos en ese momento cuando el uso de la fuerza fue el medio utilizado para acceder al poder y para instaurar un supuesto «orden». Los militares están acostumbrados a una organización con una estructura vertical, mientras que una democracia tiene una estructura cada vez más horizontal. De hecho, la razón de ser de un gobierno es la articulación de los diferentes intereses sectoriales. En el mundo civil es importante un concepto: »consenso». Sin esto, la tarea de gobernar un país se torna prácticamente imposible. Y ese consenso se construye, no se impone.
Si bien los militares que derrocaron a “Isabel” Perón gozaron de cierto consenso inicial porque parte del pueblo fue a golpearles las puertas de los cuarteles para que intervengan en el país para poner “orden” en la sociedad, ese grado de legitimidad se fue esfumando cuando la sociedad comenzó a advertir cuáles eran los métodos empleados para imponer ese orden solicitado. El accionar represivo de la Junta Militar y su posterior derrota en Malvinas desprestigió a la institución militar en la sociedad argentina. Durante muchos años esa institución debió cargar con aquellos pecados cometidos por algunos insensatos.
Posteriormente al denominado Proceso de Reorganización Nacional, muchos jóvenes que escogieron la carrera militar debieron esconder su profesión para no ser sancionados socialmente o discriminados por la sociedad por hechos que ellos no habían cometido pero que cargaban en sus espaldas por el mero hecho de lucir un uniforme. El miedo y el resentimiento no le permitían al pueblo discernir distintas generaciones de militares. Todo lo castrense era calificado nocivo para el país. Aún hoy es posible escuchar opiniones en ese sentido. Creo que también debemos reflexionar sobre esto. Las generalizaciones no son buenas. Así como un hijo no es responsable por los hechos –positivos o negativos– que cometió su padre, un militar actual no es responsable de las atrocidades que cometieron algunos miembros de esa institución antaño. Lo que debe existir en la sociedad actual son reglas claras que estipulen que aquello que sucedió hace años, y que tanto dolor sigue generando, no debe volver a suceder. Esto es lo que debemos aprender de los tristes episodios acontecidos en el territorio nacional. Y para ello es crucial que se afirme el Estado de Derecho y que ante algún quebrantamiento del orden público, sea la ley el arma encargada de restablecer la paz. El silencio civil-militar macabro y cómplice del horror, el exilio forzoso y las cantidades navegables de sangre derramadas en las páginas de la historia argentina, deben ser reemplazados, para siempre, por la luz de la vida, la transparencia, el pluralismo y la justicia.