Impulsan proyectos para controlar protestas callejeras

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Tanto desde el oficialismo como desde la oposición, se presentaron dos propuestas diferentes en la Cámara Baja, respondiendo al pedido que hizo Cristina Fernández de Kirchner a los legisladores en la Asamblea Legislativa del 1° de marzo.

 

Ambos proyectos buscan garantizar al mismo tiempo el derecho a la protesta y la libre circulación de las personas y de los vehículos junto con la prestación de servicios esenciales. Coinciden en la obligatoriedad de que las manifestaciones sean avisadas con antelación a las autoridades y en que el Estado debe garantizarles “visibilidad”. Sin embargo, tienen algunas diferencias.

Por un lado, Darío Giustozzi, titular del bloque del Frente Renovador, fue el primero en proponer la iniciativa. Esta consiste en que la Nación, las provincias, la ciudad de Buenos Aires y los municipios creen “espacios públicos determinados” para que los manifestantes puedan desarrollar allí sus reclamos.

También prevé multas leves (de uno a cinco salarios mínimo vital y móvil) y sanciones (trabajos comunitarios) para los piqueteros, además de cursos de educación ciudadana.

Por otro lado, el proyecto originalmente elaborado por el chaqueño Juan Manuel Pedrini (acompañado por Carlos Kunkel, Diana Conti y María Teresa García) distingue entre una manifestación  legítima y una ilegítima. Es legítima cuando “no impide el normal funcionamiento de servicios públicos, especialmente la educación, la seguridad y la salud pública”; no bloquea “totalmente” la circulación de personas y vehículos; permite el paso de grupos especialmente vulnerables; cuando los manifestantes no cometen delitos previstos en el Código Penal y es “notificada previamente” al Ministerio de Seguridad.

El proyecto K establece que para que la manifestación sea legítima debe hacerse un aviso de 48 horas antes en una comisaría, en el cual se debe indicar “lugar, tiempo estimado, objeto de la manifestación” y designar un “manifestante delegado”.

La Secretaría de Información Pública deberá convocar a los medios de comunicación para darle visibilidad al reclamo y fija un período de hasta dos horas para que un delegado de la protesta dialogue con una persona del Ministerio de Seguridad para encontrar una solución al reclamo, sea este dirigido al Estado o a un privado.

Recién superado ese período, el proyecto K permite la intervención de las fuerzas de seguridad para disuadir a los manifestantes a que liberen parcialmente el tránsito. Les reitera a los uniformados límites obvios. Según el artículo 21, las fuerzas de seguridad deben seguir, respecto del uso de la fuerza pública, los principios de “legalidad, gradualidad, oportunidad y último recurso” y utilizarla en su “mínima expresión”.

A su vez, el proyecto prohíbe a la policía el uso de armas de fuego y se establece que “ningún arma, letal o no, puede ser disparada directamente hacia los manifestantes”.

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Melisa Müller

27 años, Comunicadora Social .
Twitter: @Melii_Muller // email: melisa@cordobatimes.com