Aprobaron la ley que garantiza servicios esenciales en caso de un paro

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Se aprobó en la Unicameral de Córdoba la ley de servicios esenciales.

Luego del “eterno” conflicto con el transporte, La Legislatura de Córdoba aprobó este miércoles por gran mayoría la ley 10.461, que obliga a los sindicatos a avisar cinco días antes sobre las medidas de fuerza y a mantener guardias mínimas.

El artículo 1º de la Ley detalla: “Cuando el ejercicio de una medida de acción directa involucre o comprometa la interrupción o suspensión de actividades que pueden tener consecuencias para el goce de los derechos constitucionales a la vida, la salud, la seguridad, la justicia, el acceso a la energía eléctrica y gas y al agua potable, sea por tratarse de servicios esenciales (Ley Nº 25.877), relaciones de empleo público o prestaciones de servicios públicos, deberá garantizarse un conjunto básico de prestaciones y personal, a fin de asegurar su continuidad y regularidad, bajo las pautas y modalidades previstas en la presente ley”.

La presente ley regirá para los servicios de Transporte Público de Pasajeros y los relacionados con la Protección Ambiental.

Prevé, además, la creación de una Comisión Técnica la cual funcionará en el ámbito de la Autoridad de Aplicación y será la que estará a cargo de los conflictos cuando se efectúen para garantizar los servicios mínimos.

El proyecto se convirtió en ley gracias a los votos de Unión por Córdoba y de Cambiemos, a excepción de los tres legisladores de extracción sindical, José Pihén, Ilda Bustos y Ricardo Vissani. El legislador de Cambiemos Adolfo Somoza también votó en contra de la medida.

Daniel Juez, legislador de Cambiemos, votó a favor y expresó: “Entendemos que alguien tiene que entender los intereses de un sector importante de la ciudadanía que estos últimos diez días se vieron imposibilitados de concurrir al lugar de trabajo”.

Varios sindicatos se concentraron en las inmediaciones de la Unicameral en rechazo de la aprobación de la ley. Hubo un gran operativo policial para contener a aproximadamente 600 personas. Las centrales de trabajadores Rodriguez Peña y Chacabuco adelantaron que irán a la Justicia para que se declare su inconstitucionalidad.