Día 5 de Paro: Choferes siguen con el corte en Vélez Sarsfield y los acompaña Uepc

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Choferes y el gremio de UTA siguen sumando entidades que adhieren a esta medida de fuerza. Hoy se sumó a la protesta Uepc, con Juan Monserrat a la cabeza y acompañando a los trabajadores en su reclamo.

Mientras tanto, la Provincia y el Municipio realizaron denuncias penales esta mañana y se analiza la llegada de Gendarmería para reforzar las medidas de seguridad.

El ministro de Gobierno de la Provincia de Córdoba, Juan Carlos Massei confirmó que realizaron una denuncia penal “por amenazas a la paz social”.

“En el transcurso de la mañana vamos a formular una denuncia porque hay indicios de amenaza a la paz social. Porque vamos a garantizar a rajatabla la seguridad de los cordobeses”, señaló Massei en diálogo con Cadena 3 durante las primeras horas de hoy.

“Vemos el conflicto con alta preocupación porque no se le encuentra una salida. Estamos hablando con el secretario de Transporte de la Nación, Jorge Triacca, también tomamos contacto con la UTA Nacional, porque es quien representa al sindicato, deberían estar más activos”, dijo. “Los primeros días dictamos la conciliación obligatoria, no fue acatada. Aseguramos la seguridad de los choferes y no volvieron al trabajo”, apuntó.

Por su parte, la Asesoría Letrada de la Municipalidad de Córdoba presentó a las 7.30 de hoy una denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal para determinar si la decisión de los choferes de UTA no acatar la conciliación obligatoria y de rechazar la declaración ilegal del paro del servicio encuadra en la figura del delito de impedimento de la circulación del transporte público.

Facundo Zapiola, abogado de la Asesoría Letrada del Municipio remarcó que “no cumplir con las funciones de conducir el servicio podrían estar en la posible comisión del impedimento de circulación del transporte público”. “Es un delito en el que el Ministerio Público Fiscal debería actuar de oficio porque está en conocimiento de toda la sociedad”, manifestó.

El abogado afirmó que además de las irregularidades desde el punto de vista laboral, los choferes del transporte urbano de pasajeros podrían estar incurriendo en un delito penal. “Entendemos que hay motivos para que se inicie la investigación en ese sentido. Después la Justicia determinará si se trata de un delito o no”, dijo.

Finalmente, Zapiola detalló que “la denuncia sería presentada contra todos aquellos que deben cumplir la función pública del transporte y no lo hacen; y que la fiscalía tendrá las atribuciones para individualizar y definir esta situación”.