Según la acusación, crearon y vaciaron sociedades comerciales para frustrar el cobro de impuestos. Hay 14 imputados.
La medida alcanza a 14 personas, entre las las que se encuentran socios (aparentes y ocultos), administradores, apoderados y asesores contables de diferentes sociedades comerciales que explotaban la marca y que, con diferentes maniobras, impidieron que el Estado provincial pudiera cobrar deudas tributarias.
Según la argumentación de la jueza Lucero Offredi, «la operatoria criminal implicó la continuidad de la actividad comercial en una nueva sociedad a la cual se había traspasado la actividad, en infracción a la Ley de Transferencia de Fondos de Comercio y en detrimento del principal acreedor de la firma vaciada: el Estado Provincial. Este, pese a la determinación de la deuda tributaria por parte de la Dirección de Policía Fiscal, vio obstruida la posibilidad de cobro como consecuencia de la maniobra delictiva».
La jueza verificó la coexistencia y sucesión en el ejercicio de la misma actividad comercial consistente en la venta de calzado al por menor, bajo el nombre de fantasía ‘Calzados Nico’ entre las sociedades vaciadas y la nueva, creada, según su criterio, para evadir impuestos.
En la misma dirección, apunta la jueza, coincidían “los domicilios donde la actividad se despliega, los mismos empleados, y las vinculaciones entre los sujetos que ocupan cargos jerárquicos y que participan en diferentes roles en la nueva sociedad, con la misma gestión de cobro de sus acreencias y de transferencia de cobranzas entre una sociedad y otra, con idéntico asesoramiento contable, con la misma mercadería y bienes (traspasada por la anterior)”.
«Ha quedado acreditado que el organismo fiscal concretó cuatro fiscalizaciones en relación con las firmas contribuyentes Fenicia, Invercor (dos) y Shaya. De todas ellas surgió que existían deudas a favor del fisco, pero el cobro se vio frustrado por las maniobras de trasvasamiento empresario perpetradas por los imputados, ya que dos de las sociedades desaparecieron fácticamente y, en su lugar, comenzó a funcionar la nueva sociedad», detalla la Justicia, en un comunicado de prensa.
Trasvasamiento
La magistrada entendió que las acciones desplegadas han conformado un “proceso de afectación”, que implicó en los hechos la desaparición de la actividad comercial de cada sociedad; específicamente, esto se denomina “trasvasamiento”, porque medió el cambio de un envase societario por otro, con el fin de burlar los derechos crediticios del Estado provincial. Así, “se desplegaron acciones materiales que implicaron no sólo decisiones, maquinaciones y trámites para que un fondo de comercio cesara y pasara a ser explotado por otra sociedad diferente”.
Traspaso «ilegítimo» de bienes
En la resolución, la jueza también subrayó que “está sobradamente probada la intención de disminuir las posibilidades de cobro del acreedor, no solo por las concretas maniobras de traspaso ilegítimo de bienes de una empresa a otra, sino por las continuas transferencias de acciones tendientes a esconder a los verdaderos dueños de las empresas, con el fin de dificultar el llamado a juicio (por parte del Estado provincial) para lograr el cobro compulsivo de las acreencias”.
Los acusados
La elevación a juicio dispuesta alcanza -con diferentes grados de responsabilidad- a Ana Gabriela Arriola, Selva Fabiana Capuccino, Jorge Adalberto Cruz, Martín Nelson Domínguez, Jorge Omar Oviedo, Norma Elena Rosales, Pablo Marcelo Tognaccioli, Ricardo Andrés Vartalitis, Ernesto Andrés Vartalitis, Ariel Darío Sánchez, Daniel Roberto Suárez, Marcos Quiroga Inaudi, María Fernanda Muñoz y Nicolás Alfredo Rosales. De acuerdo con la resolución, los imputados tuvieron una actuación conjunta, coordinada y premeditada para lograr el fin delictivo, lo que se materializó con la actuación oculta de los verdaderos titulares a través de la utilización de “hombres de paja” para hacer posible la fachada.