Se trata de los operarios de la planta depuradora de aguas servidas de Bajo Grande. La Justicia comprobó el volcamiento de líquidos cloacales al río durante las asambleas contra el ente.
La Justicia pudo determinar que cuando se iniciaron las medidas de fuerza del Sindicato Único Obreros y Empleados Municipales (Suoem) contra el ente autárquico la planta depuradora de aguas servidas de Bajo Grande dejó de funcionar y la contaminación sobre el río Suquía fue 80 veces superior a lo permitido. Por eso hay 53 empleados de la Muni imputados de contaminación ambiental con dolo eventual.
El caso está manos del fiscal Carlos Matheu, especialista en delitos ambientales, quien lideró un allanamiento en la planta hace un mes para la toma de muestras en el Suquía. El caso se abrió por una denuncia presentada por el subdirector de Redes Sanitarias de la Municipalidad, Andrés Bardagui.
Matheu explicó en diálogo con Día a Día que luego de la presentación del funcionario se tomaron muesrtas en la fuente de volcamiento de la planta al río y en el Suquía mismo y se detectó la presencia de 400 mil bacterias coliformes en 100 milítros de agua, cuando lo máximo permitido son cinco mil.
Los análisis fueron encargados al Ceprocor y los resultados se conocieron hace cuatro días. En virtud de esto, Matheu resolvió la imputación de los empleados municipales y este miércoles se comenzó con el proceso de declaración indagatoria. Ya pasaron por la fiscalía unos 12 empleados y todos se abstuvieron de declarar.
«Se resolvió la imputación porque a través de la denuncia y los análisis se pudo constatar que los empleados habían abandonado sus tareas. Esta inacción es la que provoca la contaminación. La acción lleva un riesgo concreto para la salud de las personas que viven río abajo, quedando expuesta a casos de hepatitis, síndrome urémico hemolítico, entre otras enfermedades. Ellos (los trabajadores) se representaron como probable este efecto, actuando de manera indiferente, por eso se los imputa de contaminación ambiental por dolo eventual.», explicó Matheu.
El delito de contaminación ambiental está basado en ley nacional de Residuos Peligrosos, que remite al código penal con penas de tres a 10 años de cárcel. Matheu explicó que los vertidos cloacales están nombrados dentro de esta normativa, como también en su decreto reglamentario.
Uno de los elementos que le permitió al fiscal avanzar con las imputaciones fue que las autoridades municipales habían intimado a los empleados para que retornaran con sus tareas.