El 3 de noviembre de 1995, en la ciudad cordobesa de Río Tercero, a partir del incendio de un tambor de trotyl, que no habría podido ser controlado, y que se propago a otros tambores de igual contenido, se produjo una serie de explosiones en la fabrica militar de esa ciudad.
Las explosiones fueron muchas, los muertos tambien (13) reconocidos (hasta el momento), 335 heridos (algunos muy graves), 4.000 evacuados, alrededor de 15.000 autoevacuados, destrozos evaluados en 25 millones de dólares.
Para la Justicia, al atentado fue un intento de borrar pruebas del contrabando de armas del Ejército a Croacia y a Ecuador, por el cual Menem, actual senador por La Rioja, está condenado. El ex jefe del Ejército Martín Balza fue sobreseído en la causa por el contrabando, pero casi todo el armamento contrabandeado pertenecía a la fuerza que él comandó. La planta cordobesa concentraba el armamento enviado por el Ejército, que luego se embarcaba en secreto a Croacia.
Sin embargo, Menem fue sobreseído en febrero de 2014 por la Cámara Federal de Córdoba en la acusación que pesaba sobre él por la voladura de la fábrica militar de Río Tercero. En la misma sentencia, la justicia cordobesa también ratificó el sobreseimiento del ex jefe del Ejército Martín Balza.
El Juez Federal de Río Cuarto, Carlos Arturo Ochoa fue quien había dispuesto, entre otras cosas, el procesamiento del ex presidente «como instigador del delito de estrago doloso agravado por muerte de persona».
Ochoa sostuvo en ese momento que «se llevaron a cabo otras actividades conexas que terminaron con la explosión intencional de la Fábrica Militar de Río Tercero, con el objeto de borrar cualquier rastro que pudiera vincular a funcionarios con el mentado contrabando».
Uno de los peritajes oficiales que realizó la querella había demostrado que se trató de un atentado ejecutado mediante un complejo sistema de explosiones y contraexplosiones que protegieron las zonas valiosas de la fábrica y las plantas privadas que la rodean. Por eso, los muertos y casi todos los heridos fueron civiles. Tres barrios de la ciudad quedaron reducidos a escombros.
Por otra parte, en setiembre de 2013, la Cámara Civil y Comercial Federal condenó al Estado nacional a indemnizar con $ 5.462.817 a víctimas y familiares de la explosión de la Fábrica Militar de Río Tercero.
El 23 de diciembre de 2014 fueron condenados Edberto González de la Vega, Carlos Franke y Jorge Antonio Cornejo Torino a 13 años de prisión, en tanto que Marcelo Diego Gatto recibió la pena de 10 años de prisión, en todos los casos por el delito de «estrago doloso agravado por la muerte de personas».
Los militares retirados Marcelo Gatto y Jorge Cornejo Torino, ocupaban cargos directivos en la planta en ese momento, en tanto que Carlos Franke y Edberto González de la Vega eran directivos de Fabricaciones Militares.
Apelaciones
Los abogados de los cuatro condenados confirmaron que están preparando las casaciones al fallo. Evangelina Pérez Marcau, codefensora oficial de De la Vega, marcó que los fundamentos “evidencian una sentencia arbitraria” y consideró “inaplicable” la concepción de la autoría mediata a este caso.
Ernesto Gavier, defensor de Cornejo Torino y Gatto, opinó que “el fallo resulta inconsistente, está armado como una novela, con meras suposiciones, carente de pruebas” y consideró que “es una sentencia más política que jurídica”.