Prisión preventiva: Córdoba se adapta a los requisitos fijados por la Corte Suprema

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El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la provincia formuló directivas para los jueces y juezas.

Ayer, por el mediodía, se constituyó una audiencia pública en la sala penal del TSJ cordobés integrada por los vocales Carlos Francisco García Allocco, Armando Segundo Andruet y María de las Mercedes Blanc de Arabel, a partir de la cual se emitió un fallo en el que se fijó la adaptación a los parámetros dictados por la Corte Suprema en materia de prisión preventiva cuando todavía no media sentencia firme.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto, el TSJ ordenó la libertad de cuatro condenados en la denominada “Megacausa del Registro”, que se encontraban en Bouwer. Este cuarteto conformado por el abogado Gabriel Eduardo Loyo Fraire, el exintendente de Villa del Dique y ex legislador Ricardo Mario Scoles, Rolando Buffa y el exprocurador de municipios Guillermo Piñeiro fueron beneficiados con la libertad.

Además de lo resuelto en concreto respecto de los cuatro imputados, el TSJ consideró que resultaba necesario establecer directrices que rijan “a futuro la aplicación de la peligrosidad procesal”. La síntesis que hizo la página oficial del Poder Judicial de Córdoba señala que para dictar una prisión preventiva:

  • “Para mensurar la peligrosidad procesal no bastará tener en cuenta solamente “la severidad de la sanción legal conminada para el ilícito que se le atribuye al imputado”, sino otros “indicios concretos de peligrosidad procesal”, partiendo de que debe disponerse el encierro cautelar cuando “sean absolutamente indispensable para conseguir el fin deseado y no exista una medida menos gravosa”.
  • “Respecto de las características personales del supuesto autor, deberán “ser analizadas en su incidencia respecto de la situación particular de cada acusado”.
  • “En este punto, para asegurar una aplicación “invariable e igualitaria” de los mismos criterios a todos los casos, el TSJ esgrimió que “la condición económica no puede constituir un obstáculo”.
  • “El término máximo para el mantenimiento de la libertad del imputado durante el proceso expirará cuando el Alto Cuerpo de la provincia considere “inadmisible el recurso extraordinario federal, dado el estrechísimo margen revisor atribuido por la ley y por la propia CSJN a dicha impugnación”.
  • “Respecto de los privados de libertad sin sentencia de condena, corresponderá que los pedidos de libertad “sean resueltos por quien resulte competente para entender sobre la medida de coerción, de acuerdo con el estado de la causa”. Mientras tanto, respecto de los condenados sin sentencia firme, “deberá solicitarse el ceso de prisión ante el juez de ejecución que tiene a su cargo el contralor de la medida de coerción”.